Por parte del Poder Judicial del estado existe la voluntad de resolver lo más pronto posible los 12 recursos que debe resolver, interpuestos por particulares o representantes de partidos en contra del acuerdo del Instituto Estatal Electoral (IEE), señaló el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), Juan Arturo Muñiz Candelas, entrevistado vía telefónica por La Jornada Aguascalientes.
Luego de que el presidente de la comisión de asuntos electorales en
el Congreso, Gerardo Sánchez Garibay, “exhortara” al órgano
jurisdiccional local a que emitiera una sentencia de estos asuntos
antes del 30 de noviembre, fecha en que el IEE determinó que los
funcionarios que aspiren a una candidatura en 2010 deberán solicitar
licencia, Muñiz Candelas indicó que “esa es también la intención del
tribunal”, pero dependerá de los agravios que cada caso exponga.
Explicó que cada uno de los seis magistrados “sigue acéfalo el
puesto de María Viguerías- está encargado de dos tocas electorales y
que la resolución, además del trabajo a marchas forzadas, dependerá de
la complejidad de cada asunto, pues en todos los casos los juristas
deben actuar con apego a las Constituciones federal y local, el Código
Electoral y “resoluciones que hayan causado precedentes como
ejecutorias” del Tribunal Federal Electoral (Trife).
Detalló que el primer recurso se recibió el martes, “el miércoles se
recibió otro y después ya: se recibieron otros cuatro el jueves, me
parece, y otros seis el viernes” y que en general, los actores
“consideran que se está faltando a la legalidad, a la certeza, que son
los principales atributos del Instituto Estatal Electoral; a través de
esta resolución, ellos están, de una u otra forma, infringiendo la
propia ley”.
Aseguró que los magistrados ya están en el análisis de cada recurso
y garantizó que su trabajo será ajeno a presiones, reiterando que “a
nosotros nos mueven simplemente las disposiciones legales aplicables”.
Por la mañana, Sánchez Garibay reconoció que los resolutivos podrían
tenerse hasta la primera semana de diciembre, manifestando que “hay un
exhorto muy respetuoso a que ojalá pudieran resolverlo antes del 30 (de
noviembre)… más que nada para que haya certeza en ese sentido”.
Lo anterior, al considerar que aún siendo un resolutivo positivo
para los querellantes, “se generaría una inestabilidad laboral en la
propia administración pública”, toda vez que tendrían que solicitar
licencia en caso de emitirse sentencia en fechas posteriores a la
señalada.
Además, aunque tendrían la posibilidad de reincorporarse a la
instancia de la que se hayan separado, deberán hacerlo una vez
concluido el proceso electoral “y el proceso no termina el primer
domingo de julio que son las elecciones; el proceso termina hasta que
la última instancia emita el último resolutivo, que puede ser hasta el
primero de diciembre”.
