El diputado priísta Enrique Rangel, identificado en el grupo del senador tricolor Carlos Lozano de la Torre, continuó ayer las acusaciones en contra del ex alcalde capitalino panista Martín Orozco Sandoval, durante la conferencia de prensa a la que convocó su bancada en las instalaciones del Congreso del estado para defender el presupuesto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Aprovechando que ayer mismo se dieron conocer los índices de percepción de la corrupción obtenidos por “Transparencia Internacional”, en los que México aparece con una calificación de 3.3, ocupando el lugar 89 (el año pasado estaba en el 72), Rangel Jiménez lamentó que “en Aguascalientes, cuando se denuncian actos de corrupción como los realizados por Martín Orozco Sandoval se pretende colocar una cortina de humo”, calificando la denuncia como asunto político.
Acusó a los panistas que defienden al ex edil –porque señaló que “no
todos los panistas” han emprendido su defensa- de actuar con “cinismo
puro y duro” y de no saber “de ética, ni de política, mucho menos de
derecho y, peor aún, de respeto a nuestro marco legal”.
Pese a que dijo desconocer a ciencia cierta si la querella
interpuesta por los regidores José Luis Proa y Enrique López ya fue
ratificada, situación que antier negó el grupo parlamentario del PAN,
sostuvo que al realizarse la permuta de cuatro predios por uno durante
la gestión de Orozco al frente de la administración municipal, para
favorecer a la asociación constituida por él y sus hijos menores de
edad, el entonces funcionario habría incurrido “en ejercicio indebido
del servicio público”.
Definió ese delito conforme la Legislación Penal del estado como
“otorgar indebidamente, por sí o por interpósita persona, enajenación
de bienes o servicios”, lo que merecería una pena de dos a seis año y
la inhabilitación de uno a cuatro años, aseverando que las actas
–mismas que fueron desacreditadas por la bancada blanquiazul el martes-
son prueba de ello.
Reiteró la acusación de “saqueo al patrimonio de los
Aguascalentenses” que el grupo de funcionarios priístas que dio a
conocer la acción judicial han sostenido desde entonces.
A nombre de los diputados del grupo parlamentario del PRI, exigió al
procurador de justicia del estado, Edgardo Valdivia Gutiérrez, “que
responda con plena objetividad y profesionalismo” ante esta denuncia,
manifestando que “el PRI dice no a la impunidad”.
