Ya sea por su exitosa confrontación a la crisis económica, por su intrépido respaldo al depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya o por haber demostrado su capacidad para albergar en el 2012 el mundial de futbol y en el 2014 las Olimpiadas, Brasil se ha convertido en la potencia latinoamericana por excelencia, desplazando por mucho a un México herido por la pobreza, la enfermedad, el narcotráfico y la decepción política. Se han dado muchas explicaciones a este inesperado éxito, pero sin duda la más señalada se funda en el carisma y capacidad de diálogo de sus líderes políticos. Sin embargo, esta visión exterior reduccionista deja fuera un elemento que en realidad ha marcado una diferencia en el gigante sudamericano: su democracia tiene una clara tendencia participativa.
La asunción de partidos de centro izquierda e izquierda en los
gobiernos locales, estatales y en el nacional tras el régimen militar,
hubiera tenido un impacto mediano de no ser por la existencia de un
consolidado capital social en las comunidades de Brasil. En la década
de los setenta y ochenta habían emergido importantes movimientos
sociales que, bajo la bandera de “derecho a tener derechos”, luchaban
por la apertura del espacio público para la disertación, por la
participación en las políticas públicas y el control social sobre las
mismas. El producto de dicha movilización fue la Constitución de 1988
que superó la tradición representativa, para fundamentar la creación de
instituciones democráticas que permitieran ejercer de una manera mucho
más directa y cotidiana la ciudadanía. Ejemplos de ello, son los
consejos sectoriales de políticas públicas en áreas como salud,
asistencia social, niñez y adolescencia, que hoy en día existen en
todos los niveles de gobierno (y que en México hemos tratado
implementar sin mucho éxito).
Sin embargo, el presupuesto participativo es la experiencia
brasileña que más ha llamado la atención de la academia y de organismos
internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, entre muchos otros. Su impacto como arquetipo de la
democratización de la administración pública y como política exitosa de
redistribución de la riqueza, se inserta en una visión optimista sobre
la organización de la sociedad civil como contraparte de los vicios de
una democracia netamente representativa. Su funcionamiento nada
sencillo y diferente en cada una de las ciudades brasileñas que se
implementa, tiene un ciclo común: una serie de reuniones preparatorias
de los consejeros ciudadanos en sus distritos, y de las organizaciones
ciudadanas (incluidas las vecinales) en las que se debaten los
principales problemas de cada zona, perfilando los que merecerán ser
defendidos en las asambleas generales ya sea regionales o temáticas. En
estas asambleas, cualquier ciudadano o ciudadana, movimiento u
organización puede acudir para apoyar los problemas que deben tener
mayor prioridad presupuestaria en la agenda gubernamental. Después de
los argumentos ciudadanos para incluir o priorizar determinados
problemas (clara representación de la deliberación habermasiana), en la
misma asamblea se dan las votaciones en donde se define cuáles tendrán
mayor atención presupuestaria, además de votar por nuevos consejeros
ciudadanos que se sentarán con las autoridades municipales, en una
tercera etapa, para formar el presupuesto en base a los resultados de
las votaciones en dichas asambleas.
En Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, Brasil, este
mecanismo permitió superar una grave situación de favelas en la ciudad,
al priorizar el derecho a la habitación digna para la población más
necesitada. La combinación de factores como la llegada del Partido de
los Trabajadores a la prefectura municipal, la larga tradición
asociativa de sus habitantes, incluidos los más pobres y por ende, su
alto nivel de cultura política, así como una clara voluntad política
del primer edil para limitar su facultades legales de elaboración del
presupuesto para someterlo a la discusión pública, permitieron que el
presupuesto participativo portoalegrense naciera, creciera y se
consolidara como una institución ciudadana por excelencia, que hoy es
símbolo de la ciudad misma. No obstante, que actualmente los
presupuestos participativos tanto de Porto Alegre como de otras
ciudades brasileñas ya no tienen el mismo éxito que antaño, siguen
siendo un ejemplo para las democracias latinoamericanas. Representan un
espacio público de diálogo y negociación gobierno-ciudadanía que en
México estamos muy lejos de comprender y aceptar. Nuestra herencia de
rasgos corruptos, corporativistas y clientelistas, impide que este tipo
de experiencias sean analizadas como alternativas factibles a la crisis
de representatividad que sufren los gobiernos mexicanos. Y aunque se
han hecho algunos intentos para aplicarlo (por ejemplo en Tlalpan,
Distrito Federal), sigue siendo un sueño guajiro para la ciudadanía
sometida a las diligencias de las élites partidistas.
Ojalá se dé una revolución en México en el 2010. Pero ojalá sea
distinta a las dos anteriores. Ojalá la nueva revolución sea pacífica,
ciudadana y verdaderamente democrática. Mira qué cosa más linda ha
propuesto Brasil.
