El secretario general de Gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes, dio ayer un espaldarazo al abogado Enrique Pimentel González Pacheco como candidato a dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Entrevistado al asistir en representación del gobernador Luis Armando Reynoso a la apertura del nuevo periodo ordinario en el Congreso local, Pérez Talamantes fue cuestionado sobre si en gobierno del estado habría interés en que alguna persona en particular ocupara el cargo de Ombudsman local, a lo que respondió que la designación “es un tema que atañe exclusivamente al Poder Legislativo y, en tales circunstancias, condiciones, lo respetamos”.
No obstante, hizo referencia a la editorial de Pimentel González
Pacheco publicada en otro medio local ayer mismo, en la que expresó que
los legisladores violarían los derechos de los demás aspirantes, en
caso de no emitir convocatoria, pues la Ley de la CEDH no establece un
procedimiento de ratificación, pero sí la obligación del Congreso a
emitir una convocatoria en la que todos los interesados puedan
participar, incluido Omar Williams con su solicitud de ratificación.
El titular de Seggob expresó al respecto que “me parece que este
abogado (…) tiene un perfil muy interesante, conoce del tema de
derechos humanos y lo manifiesta con sobrada claridad en su editorial
del día de hoy (ayer); ojalá pudiera ser tomado en cuenta”, aunque
reiteró que será facultad del Congreso hacerlo.
Concluyó el tema subrayando que, de cualquier manera, gobierno no
tendrá “ningún problema” con quién el legislativo designe al frente de
esta comisión.
Denuncias no son tema político
El secretario fue interrogado también sobre las recientes y
múltiples denuncias que se han presentado ante autoridades locales y
federales, por y en contra de diferentes actores políticos interesados
en contender en la elección del año entrante.
Pérez Talamantes descartó que estas acciones “enrarezcan” el
ambiente político porque “el proceso (electoral) no ha iniciado y
ninguna de las denuncias tiene qué ver con el proceso electoral. Así de
simple”.
Advirtió que “sería lamentable que, por ejemplo, proliferaran
denuncias improcedentes”, por lo que corresponderá a los titulares de
las procuradurías General de Justicia y de la República,
respectivamente, analizar las querellas e integrar las averiguaciones
para tomar alguna decisión.
En ese sentido, aseveró que “el otro día, el señor gobernador decía
bueno, pues lo jurídico tiene una preedición muy específica y, desde
luego, en base a la situación jurídica se tiene actuar” por parte del
Ejecutivo estatal.
Subrayó que el apoyo de amigos o simpatizantes de los actores
implicados en estos hechos, en referencia al cuestionamiento específico
sobre el caso de Martín Orozco, no es cuestión jurídica que, reiteró,
corresponde a la Procuraduría, por lo cual apuntó que lo jurídico y lo
político deben diferenciarse puntualmente.
Finalmente, hizo un llamado “al diálogo, al consenso, a trabajar
unidos por el interés superior de Aguascalientes y fortalecer las
instituciones siempre”.
