El presidente de la comisión de derechos humanos en el Congreso del estado, Jesús Martínez González, negó haber metido familiares o amigos suyos como empleados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), argumentando que “yo no contrato gente” en el organismo y calificando la lista revelada por el sindicato de esa institución como parte de la “grilla” que se ha desatado en torno a esta sucesión.
De acuerdo con dicho listado, Martínez González tendría lazos de sangre o amistad con cuatro trabajadores de la CEDH: Araceli Vázquez López, José Juan Esquivel Escobar, Alejandra Quezada Galván y Luis Daniel González Pantoja.
El también coordinador parlamentario panista afirmó “nosotros lo que
hacemos es que, cuando piden una carta de recomendación, nosotros se
las damos”, lo mismo para esa comisión, que para la presidencia
municipal u otros cargos en la función pública y para empresas
particulares.
La Jornada Aguascalientes le cuestionó si tenía parentesco con la
primera persona, lo cual negó. Al continuar con la segunda persona,
interrumpió la entrevista para emitir la opinión de que “están haciendo
ruido por lo de estas asociaciones que están apoyando a Marcela
Martínez Roaro” y, considerando que esto no contribuye a que el proceso
se apegue a la ley, pidió a quienes revelaron la lista que deje de
actuar de esa manera porque “va a afectar el proceso de selección de
Ombudsman en Aguascalientes” para todos los aspirantes.
Excusándose en que estaba por entrar a una reunión, Martínez
González invitó a que las ONGs hagan propuestas y sólo respondió que sí
ha recomendado a conocidos, como han hecho otros diputados, recalcando
que no es decisión de los legisladores que los hayan contratado o no.
Finalmente, se le cuestionó si garantizaría que se emitirá una
convocatoria para que todos los aspirantes participen, a lo cual
respondió que “yo no puedo garantizar nada, yo nomás soy uno de los 27
diputados” y que la comisión de derechos humanos, junto con un
representante de cada fuerza política la que tiene que actuar conforme
a la ley.
Por su parte, el también panista Antonio Martín del Campo aseguró
que “no tengo yo a ninguna persona ahí” y al calificar de falsa la
lista enviada por el sindicato de la CEDH pidió “que den nombres”.
A él se le relacionó con Luz del Carmen Páramo y Antonio Gutiérrez
Gutiérrez, vínculo que negó. Respecto a René Alpizar Castillo dijo que
“él estaba mucho antes de que yo fuera diputado” y de Salvador Pérez
Sánchez expresó que “sí lo conozco, él fue candidato a diputado”; sin
embargo negó haberlos ayudado a ocupar el cargo que hoy tienen.
Añadió que quienes dieron a conocer la lista “son personas que
quieren descalificar un trabajo”, por lo que las invitó a que cada
quién haga su trabajo.
El secretario general del Congreso del estado, Miguel Ángel Juárez
Frías, a su vez, atribuyó la revelación de la lista a “las temperaturas
y la efervescencia del proceso de elección o ratificación del
Ombudsman”, por las cuales se busca descalificar a Omar Williams.
Admitió que su amistad con el actual titular de la comisión no es
desconocida, pero lo mismo, dijo, pasa con otros de sus amigos; por
otra parte, en el caso de Alejandro Becerril Juárez señaló que es su
sobrino y aclaró que primero fue becario en el propio Congreso, cuando
él fungía como coordinador de procesos legislativos y cuando llegó a la
secretaría general el joven salió del Congreso para evitar presunción
de nepotismo.
Asimismo, declaró que Becerril Juárez entró a la comisión como
becario, pero descartó haber metido amigos o familiares en cualquier
cargo, aprovechando el que hoy ostenta.
Además de estos actores, entre los “acusados” de meter personal a la
Comisión están José Robles y Alberto Solís, de la comisión legislativa
en la materia, así como Fernando Palomino, Jaime Gallo, Nora Ruvalcaba,
Baudelio Esparza, Gerardo Sánchez, Tagosam Salazar, Jorge Ortiz y el
director general de servicios parlamentarios, Pedro Zaragoza.
