El derecho a la vivienda en nuestro país se ha enfrentado a un sinnúmero de contratiempos que le han permitido irse fortaleciendo con el pasar de los años; desde su inclusión en la Constitución Política de 1917, en donde fue establecida la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas dignas hasta la creación de los principales organismos nacionales de vivienda, como INFONAVIT o FOVISSSTE, el derecho de contar con un hogar higiénico y con acceso a todos los servicios básicos es una prioridad en el esquema estratégico de un país que busca alcanzar el pleno progreso de su sociedad.
Hasta la década de los ochenta, el Estado era la principal fuente de intervención en el financiamiento y construcción de la vivienda en nuestro país, alcanzando logros importantes pero presentando enormes rezagos en la materia. Fue necesaria la intervención de la iniciativa privada y la transformación de los organismos nacionales de vivienda en entes eminentemente financieros para responder a la creciente demanda de una sociedad en desarrollo.
La situación en la actualidad nos demuestra que seguimos sin avanzar en reducir el rezago habitacional. En palabras del ex director general del INFONAVIT, Luis de Pablo de la Serna en el año 1999 el déficit acumulado de vivienda alcanzó los 6 millones; en julio de este mismo año, en la 14ª Reunión del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI), el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Ariel Cano Cuevas, afirmó que México tiene una demanda masiva en la materia y que a la fecha presenta un rezago histórico de unos 6 millones de hogares, es decir, en el transcurso de estos diez años, no se ha podido avanzar en satisfacer las necesidades de la sociedad, mantenemos un problema complejo que requiere la participación de todos los actores político-económicos en la construcción y consolidación de estrategias que faciliten el mejoramiento de las condiciones existentes.
El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) identifica como parte fundamental del problema, diversas cuestiones como lo son el deterioro causado por la crisis, las distorsiones en las prácticas de subsidio, los vicios de la burocracia, la legislación desincentivadora, las ineficiencias en los procesos constructivos, la explosión demográfica, las corrientes migratorias del campo a las ciudades y los inadecuados mecanismos de financiamiento. Así mismo, hace hincapié en el hecho de que la mayor parte de los mexicanos se ven imposibilitados económicamente para hacerse de una vivienda digna, en virtud de los bajos salarios, la inflación, el desempleo y la mala distribución del ingreso.
Ante esta realidad, debemos analizar que en los últimos años, los gobiernos han tratado de solucionar el problema por medio de urbanizaciones irregulares, generalmente ubicadas en la periferia de las grandes ciudades, en donde los terrenos no son aptos para la construcción de viviendas y que traen consigo enormes problemas sociales al carecer de los servicios básicos, como lo son agua potable, drenaje y energía eléctrica; y en donde el costo de construcción y regularización de los predios son trasladados a la población, exentándose el Estado de cubrir con esta obligación.
