El derecho humano a una vivienda es reconocido internacionalmente por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el cual se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, en alimentación, vestido y vivienda; penosamente más de 37 millones de mexicanos, situados en el lumbral de pobreza, no disfrutan de esa premisa y tampoco cuentan con los medios suficientes que les permitan acceder a este nivel de bienestar en un corto lapso de tiempo.
El pasado viernes la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) en su estudio “Panorama Social de América Latina 2009”
indicó que el nivel de pobreza en México empeorará debido a la
reducción del Producto Interno Bruto (PIB) y al deterioro de la
situación del empleo y los salarios, siendo el único país de
Latinoamérica en el que empeoró la situación de la pobreza, al
incrementar su indicador en 3.1 puntos porcentuales (el 34.8 por ciento
de la población total se ubica en niveles de pobreza). Aunado a lo
anterior la CEPAL mencionó que el año pasado México también enfrentó
diversos problemas, como la reducción del ingreso de la población y el
empeoramiento en la distribución de los recursos. Por último el estudio
indicó que nuestro país, junto a Colombia, El Salvador, Perú y
República Dominicana se encuentra en el grupo de países con niveles de
pobreza media-alta, con tasas de entre 35 y 48 por ciento. Todo esto
nos revela que cerca de 40 millones de mexicanos enfrentan limitantes
económicas para poder acceder a un financiamiento para la adquisición
de una vivienda.
Esta realidad confirma que la pobreza ha orillado a millones de
mexicanos a asentarse en terrenos irregulares, potencialmente
peligrosos y clasificados de alto riesgo, que carecen de servicios
básicos como agua potable, drenaje, energía eléctrica, centros de salud
y educación. Se estima que sólo en nuestro país un promedio de 60
millones de personas están asentadas en zonas de alto riesgo.
Según los últimos datos proporcionados por el INEGI, en el año 2005,
el 12.2 por ciento de los hogares en México no tenían acceso a agua
potable, el 15.2 por ciento no contaba con drenaje y el 3.4 por ciento
no tenía acceso a energía eléctrica. La falta de una vivienda digna,
con todos los servicios básicos en correcto funcionamiento y la
precariedad en el acceso a los sistemas de educación, salud y
transporte pone en condiciones desfavorables a nuestro país ante el
enorme reto que conlleva el fenómeno de la globalización y su
concerniente impacto en la forma de vida de las personas. Hoy con
preocupación nos damos cuenta que la visión del gobierno federal no
responde a los problemas y necesidades actuales, careciendo de
estrategias orientadas al desarrollo, el bienestar social y
comprometiéndose con la población. El problema de la vivienda se debe
comprender como una situación que engloba múltiples variables, es un
asunto que por su complejidad las estrategias deben ir encaminadas en
atender cuestiones económicas, sociales y financieras que brinden una
solución integral.
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