El hecho de que en México haya todavía personas desaparecidas y culpables sin castigo es una mancha vergonzosa porque incluso en países como Guatemala que se considera menos democrático fueron ya castigados funcionarios que cometieron crímenes de lesa humanidad mientras que aquí todo ha sido impunidad, comentó José Enrique González Ruiz, integrante de la extinta comisión de mediación a propósito de la presentación del libro Desapariciones forzadas en México, -Documentos del proceso de mediación entre el PDPR-EPR (Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario) y el gobierno federal.
En este libro compilado por Pablo Romo Cedano y Yaiza Ariana Rodríguez conjunta documentos del proceso que dan cuenta del trabajo realizado alrededor de la búsqueda de Edmundo Pérez Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ambos miembros del EPR desaparecidos en marzo del 2007 y de los que hasta ahora desconocen su paradero.
El libro es primero una forma de dar cuentas a la sociedad del trabajo que estuvo realizando la comisión de mediación y por otra parte es una manifestación de que están convencidos que tienen que cambiar de táctica y buscar un mecanismo diferente para modificar la actitud del gobierno federal que solamente en el ámbito declarativo se han mostrado dispuestos a aclarar los casos de ambos compañeros, pero no en la acción. En la práctica hace todo lo contrario, obstaculiza, impide y hace todo lo posible para que no avancen las indagaciones.
Los integrantes de esta comisión de mediación que pretende volver a conformarse para el año entrante, son Rosario Ibarra de Piedra, Samuel Ruiz, Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, Juan de Dios Hernández Monge y Enrique González Ruiz, que trabajaron prácticamente durante un año y medio para encontrar la pista de los detenidos.
Como parte de su investigación encontraron datos como que Sergio Segreste Ríos que fue en alguna ocasión presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca y fue luego policía de gobernación y estuvo involucrado en la localización de los ahora desaparecidos que fueron entregados al ejército, este fue el último dato del que los integrantes del comité tienen conocimiento.
“Cuando llegamos al ejército todo se empantana, hay mucho afán de protegerlos en las acciones que realizan que pueden tener carácter ilegal. Este libro es una muestra para que vean que seguimos interesados en el tema y estamos en la búsqueda de la verdad, necesitamos encontrar justicia para no dejar el hecho en la impunidad y dar una reparación del daño a las víctimas si ellos lo deciden así”.
“Con este trabajo queremos simbolizar nuestra decisión de continuar luchando en contra de este flagelo que es la desaparición forzada y de impedir que nuestro país, sea avergonzado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos hechos recientes, uno los feminicidios en el campo algodonero de Ciudad Juárez y dos la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en Atoyac de Álvarez Guerrero hace treinta y tantos años”.
La impunidad del ejército desde su perspectiva ha continuado porque no son castigados sus integrantes y fue precisamente lo que motivo a la corte interamericana a condenar al estado mexicano para que los casos donde estén involucrados militares en violaciones de derechos humanos se lleven a los juzgados civiles y no a los militares.
González Ruiz consideró como anticonstitucional la presencia del ejército en las calles, viola los instrumentos internacionales de derechos humanos, pues los militares están para proteger la soberanía nacional y en realidad se ha abusado el uso del ejército que busca infundir miedo con su actitud. “Dicen que andan detrás de poderosos delincuentes, pero nosotros no vemos que la delincuencia se reduzca al contrario crece todos los días y son más importantes, más influyentes, más peligrosos y el ejército dice estar ganando una guerra que no están ganando”.
Los integrantes de la comisión de mediación a través de Rosario Ibarra de Piedra tienen registrados 542 casos documentados de desaparecidos, además de otros 600 desaparecidos registrados sólo en Guerrero por Tita Radilla, hija del líder comunitario Rosendo Radilla.
“Todos esos documentos están en la PGR que nada ha hecho, la procuraduría es eficiente para perseguir luchadores sociales, amedrentar a gente que defiende sus derechos, reprimir a quienes no coinciden con las políticas gubernamentales, pero no es eficiente cuando se trata de juzgar criminales de lesa humanidad”.
