- Se han dedicado a defender proteger a las autoridades y dejar en desamparo a ciudadanos
- El apoyo de los organismos internacionales son una forma de presionar al gobierno
Aunque el sentido de las comisiones de derechos humanos es defender a los ciudadanos de las violaciones de las autoridades de cualquier nivel, en la práctica, la realidad es que la mayoría de las veces se han dedicado a proteger las acciones ilícitas de los gobiernos, más que a hacer valer verdaderamente los derechos humanos, esa es la perspectiva que tienen luchadores sociales como José Enrique González Ruiz, integrante de la extinta comisión de mediación.
En últimas fechas, han sido varios los casos que han requerido la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la que ha sido muy evidente que el interés del organismo es más bien cubrir los errores que cometen las autoridades para disimular y no defender al cien por ciento el derecho de los ciudadanos a ser protegidos de cualquier abuso.
El activista mencionó en específico el caso del 2007, de la veracruzana Ernestina Ascencio, donde fue muy evidente que la Comisión hizo caso omiso de la violación de los miembros del Ejército jugando un papel de protección de los infractores y no de las víctimas.
“La señora fue violada por miembros del Ejército, la señora fue vejada en su humanidad después de los hechos dolorosos que padeció, luego la CNDH cambió la versión de las causas de su muerte, luego el titular del Ejecutivo federal declaró que había muerto de una gastritis y posteriormente fue abandonada por sus familiares que llegaron a un acuerdo extraño con el gobierno de Veracruz”.
Desde su perspectiva, lo que ha hecho falta es que las comisiones tomen en serio su papel de vigilar a la autoridad y no por el contrario esperar que sean ellos quienes dicten el actuar de la comisión ante las violaciones que ellos mismos cometen; aunque se supone que debieran existir ciertos niveles de autonomía para estos organismos, mientras esto no suceda los actos violatorios seguirán siendo respaldados.
Su obligación es ver con autonomía y distancia los hechos que aquejan a los ciudadanos y al mismo tiempo ser garantes de los derechos de la sociedad, una situación que en muchos estados no sucede y que ha propiciado que integrantes de organizaciones civiles salgan a reclamar las ausencias de estos organismos y que también se busque el apoyo de los organismos internacionales.
Estos trámites que las organizaciones han hecho en conjunto con los organismos internacionales, han resultado en realidad muy expeditos a diferencia de lo que sucede en el país donde los demandantes se van a encontrar siempre con una actitud protectora de la Suprema Corte de Justicia o cualquiera de las autoridades judiciales hacia los agresores.
“La corte absolvió a los violadores de derechos humanos en el caso Lidia Cacho, absolvió a Peña Nieto en el caso de Atenco, absolvió a Ulises Ruiz en el caso de los 23 muertos durante el levantamiento de la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca, la corte ha servido como coraza protectora de los que violan derechos y ofenden a la sociedad”, recordó.
El hecho de internacionalizar los casos de violación de derechos humanos ha sido también una forma de presionar a las autoridades nacionales y hacer que la actitud declarativa del gobierno “protector” de los derechos humanos se vuelva una realidad práctica que ayude para resolver los conflictos pendientes.
