El presidente de la comisión de justicia en el Congreso local esperó que a más tardar en febrero el pleno apruebe las reformas a la Ley de Salud y la Legislación Penal del estado que presentó hace alrededor de dos meses y que contemplan las cantidades mínimas para considerar la posesión de drogas como narcomenudeo y con ello dar el primer paso para que este delito sea juzgado en la entidad, cumpliendo las reformas en la materia aprobadas a inicios de este año.
Rangel Jiménez recordó que aún cuando así sucediera, los transitorios de las iniciativas establecen una vacatio legis para que entren en vigor hasta el 25 de agosto de 2010; en ese tiempo, dijo, se harían las gestiones necesarias ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para “bajar” cuando menos 10 millones de pesos de los recursos que esa instancia tiene etiquetados para apoyar a las entidades federativas en la implementación de esta reforma.
Consideró que obteniendo ese recurso podría crearse una nueva agencia del ministerio público especializada en narcomenudeo, así como un séptimo juzgado penal que ayudara a desahogar la carga de trabajo que se añadiría a la que ya presenta el Supremo Tribunal de Justicia del estado (STJ) y que diera prioridad a la atención de asuntos relacionados con este delito.
El legislador previó que “incluso pudiera ser desde antes” la instalación del juzgado y la agencia, a fin de dar oportunidad de iniciar la capacitación del personal que en ellos laboraría.
Finalmente, señaló que como consecuencia de la implementación de la reforma en Aguascalientes, el ministerio público local y los juzgados penales del estado se encargarán de investigar y juzgar los delitos que involucren la posesión de drogas en los parámetros establecidos para ser considerados narcomenudeo, que varían dependiendo la sustancia de que se trate.
Horas más tarde, medios de comunicación locales difundieron la declaración del magistrado presidente del STJ, Juan Arturo Muñiz Candelas, respecto al temor que siembra en los funcionarios del Poder Judicial del estado la posibilidad de tratar este tipo de asuntos y de que “con argucias legales” pueda tomarse por adicto a una persona que se dedique al tráfico de narcóticos.
