Lamentable que minimicen la estadística de mujeres provincianas que abortan

■ La experiencia de someterse a un aborto es difícil y se agrava en medio de la clandestinidad
■ Si Fondo MARIA promoviera más sus servicios se duplicaría sin duda la cantidad de solicitantes
Verona Valencia, coordinadora del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario (CECADEC) respaldó las estadísticas del Fondo de aborto para la justicia social MARIA y lamentó el nivel de desconocimiento que tiene el diputado de la fracción panista Jesús Martínez que basado en las estadísticas que brinda el sector salud consideró como mínimo la proporción de una mujer diaria de provincia que aborta en el Distrito Federal.
Sin importar las razones por las que una mujer busque la interrupción del embarazo, de entrada que llegue una mujer diaria de provincia, sin que en la estadística exista la especificación si son de Aguascalientes o de cualquier otro estado es ya algo considerable registrado con cifras oficiales, proporcionadas por la entidad de salud del Distrito Federal.
La activista agregó además que seguramente esta cifra de atención subiría hasta más del 100 por ciento si instancias ciudadanas como el Fondo MARIA promocionará fuertemente a través de las organizaciones y medios de comunicación de los diferentes estados, “no se darían abasto con la cantidad de mujeres que llegarían”.
Y el que una mujer se decida a abortar o que las cifras sean mayores a las que conservadoramente quieren mostrar no significa que para las mujeres que deciden someterse a este proceso sea sencillo, tienen que pasar por un transcurso de rechazo quizá ante su familia, la sociedad en la que vive. Esta es una decisión que lleva tiempo, ansiedad, nerviosismo, miedo, buscar asesoría y eso lo saben las titulares de organizaciones por conocer de cerca a quienes se han acercado a ellas.
En un estudio que CECADEC realizó en Milenio Feminista en 20 mujeres del estado, de diferentes niveles socioeconómicos que en algún momento de su vida se habían practicado una interrupción del embarazo en años anteriores describían espacios de soledad, miedo, tristeza, falta de aceptación de la pareja, atenciones con personas que no sabían si eran especialistas o no y que además las trataban mal, pero “ellas tenían que aguantar porque iban por la interrupción de ese embarazo”.
 Ante esta situación habría que pedirles a personas como el diputado Jesús Martínez que antes de hacer este tipo de declaraciones se informara de la realidad porque el aborto es un problema de salud pública. “Es un problema de salud pública y lo estoy diciendo no sólo como mujer lo estoy diciendo como especialista en salud pública por las estadísticas que los hospitales han dado”.
La iniciativa de protección a la vida que se autorizó ya en 17 estados de la república y se busca continuar en otras entidades no es una cuestión de bebés y mujeres o una petición de la ciudadanía es más bien una cuestión ideológica relacionada con tendencias conservadoras donde la jerarquía católica tiene una gran influencia, que en lugar de detener la tendencia de las mujeres que se practican abortos, está propiciando lo contrario más riesgo ante lo clandestino por el miedo a ser castigadas ante la ley.
 Aunado a esto, Jesús Martínez siendo titular de la Comisión de Derechos Humanos dentro del congreso parece que aprecia estos derechos desde su perspectiva ideológica y valoral y no desde la ciudadanía merece y desconoce por completo los derechos humanos de las mujeres que son validados al igual que los de las demás personas con base en las necesidades que cada uno de ellos tiene.