- No cumplió con varios requisitos, argumenta diputado Rangel
Con 15 votos a favor y 11 en contra, se tomó ayer en el Congreso del estado la decisión de negar, por segunda ocasión, la reelección de María de los Ángeles Viguerías Guzmán como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del estado.
El dictamen en sentido que fue sometido a debate y posteriormente adicionado para incluir algunas precisiones, fue el resultado de la sesión que, secreta o no, sostuvo el martes la comisión de justicia, reunión en donde habría sido votado en contra por Nora Ruvalcaba, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Jesús Martínez, de Acción Nacional.
Los argumentos que la comisión dictaminadora esgrimió para no reelegir a Viguerías Guzmán fueron que en ella no reconocieron todos los atributos que rigen la carrera judicial según el artículo 100 de la Constitución federal: independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, honorabilidad, constante actualización y carrera judicial necesaria.
De acuerdo con el dictamen, Viguerías es competente, honorable y tiene antecedentes profesionales en el ejercicio de la carrera jurídica; sin embargo, no cumple con el requisito de constante actualización, ya que entre 2005 y 2006 no asistió a ningún “curso, taller o congreso”.
Incumplió también los requisitos de imparcialidad, al haber recibido un homenaje de la Asociación Libre de Abogados y Postulantes de Aguascalientes (Alapa) en julio de 2008; de profesionalismo, al no haberse actualizado y haber realizado sólo 29 de las 40 visitas a juzgados de primera instancia que debió realizar en los 10 años que tuvo el cargo.
Su “indebido” involucramiento con Alapa valió la consideración de que tampoco cumple con al requisito de independencia; no se le reconoció diligencia en la actividad jurisdiccional al haber tardado cuatro, cinco o hasta nueve meses en resolver apelaciones a su cargo.
Sometido a debate, Ruvalcaba Gámez apuntó que el dictamen “revela abiertamente en su singular evaluación, escalofriantes actitudes misóginas e ignoran olímpicamente que la función del poder judicial debe estar alejada de intereses partidistas, por lo cual los que la ejercen no deben ser sustituidos o renovados”.
Defendió que la inamovilidad de los magistrados es fundamental en la administración de justicia y un medio para garantizar independencia del cargo con respecto de otros poderes, acusando a la comisión de justicia de actuar “bajo la consigna de un partido político (el PRI)”.
A su vez, César Cervantes Mena, que se abstuvo de votar en la comisión de justicia, propuso varias adiciones al dictamen, a fin de precisar la finalidad de su emisión, así como añadir dos argumentos dentro de los considerandos, para reforzar la decisión avalada por mayoría priísta.
Por su parte, el presidente de la comisión dictaminadora, Enrique Rangel Jiménez, defendió en tribuna lo que ha dicho en entrevistas a los medios: que la Constitución da al Congreso “la facultad” y no la obligación de reelegir a los magistrados del Poder Judicial.
Al término de las discusiones y de la aprobación del dictamen, Ruvalcaba Gámez advirtió la posibilidad de que Viguerías se ampare nuevamente y en seis meses el Congreso deba nuevamente reponerle el proceso.
