- Propone ayuntamineto inhabilitar 13 años a ex funcionaria cercana a Martín Orozco
El gobierno municipal que encabeza el priísta, Gabriel Arellano decidió inhabilitar por 13 años a Laura Esquivel Veloz, contralora municipal del trienio pasado. Esquivel es considerada una de las personas más cercanas al ex alcalde, Martín Orozco Sandoval de extracción panista.
En una ficha técnica del expediente CM DJ 061/2008 en contra de Laura Esquivel Veloz se lee que el ayuntamiento encontró que la ex funcionaria incurrió en actos que violan el artículo 70 de la ley de servidores públicos del estado de Aguascalientes, en sus fracciones I, II, III, XXI y XXVII, además del artículo 58 de la ley de obras públicas del estado de Aguascalientes.
A Esquivel Veloz se le acusó de haber sustraído documentación del municipio y por presuntamente haber desviado 870 mil pesos a una asociación civil que encabezaba otro ex funcionario municipal.
“Para imponer sanción se tomaron en cuenta los elementos que establece el artículo 82 de la Ley se servidores públicos del estado de Aguascalientes mismos que son: gravedad y frecuencia de la falta, jerarquía de la ex servidora pública, la antigüedad en el cargo y en virtud de haber causado un perjuicio a la contraloría municipal por la cantidad de 870 mil pesos”, se lee en la ficha informativa.
“Estatus: se emitió la resolución el 10 de diciembre de 2009 y se notificó en fecha 14 de diciembre de 2009 por lo que se está en espera de los tiempos necesarios para que se interpongan los medios de defensa que considere convenientes la responsable, a efectos de que la resolución quede firme”.
En el artículo 70 y los artículos mencionados se lee que Esquivel Veloz habría incurrido en violar la “legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir con las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos públicos”.
Además de que presuntamente no utilizó los recursos “exclusivamente para los fines a que estén afectos”; además, de que a decir del contralor municipal no se abstuvo de cometer “cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de alguna disposición jurídica relacionada con el servicio público”.
Además, violó la fracción que señala que deberá “abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y la contratación de servicios y de obra pública, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría General del Estado, conforme a las disposiciones legales aplicables al Titular de la Dependencia o Entidad de que se trate”.
En cuanto a la ley de Obra pública del estado, habría violado el artículo en el que se señala que “los contratistas con los que se celebren contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma deberán cubrir el punto cinco por ciento sobre los derechos de inspección de vigilancia para la contraloría o su equivalente a nivel municipal; el punto dos por ciento a favor del órgano de fiscalización del H. Congreso del estado (
); el punto dos por ciento para la capacitación profesional de los trabajadores del contratista y el punto uno por ciento para la actualización profesional y capacitación de los agremiados a los colegios de profesionistas según corresponsa (
)”.
En caso de que Esquivel Veloz esté inconforme con su inhabilitación, podría interponer recursos ante la contraloría del estado y ante la Secretaría de la función pública.
