- Llegan privados a instalar maquinaria en un predio que está en proceso judicial
- Suman alrededor de veinte los ejidatarios afectados que señalan ser las víctimas
Aún con la realización actual de un proceso judicial, acudieron a Loretito, en el municipio de San Francisco de los Romo, personal relacionado con Benjamín Ramírez Ibarra a quien acusan de fraude un grupo de 20 ejidatarios. Estos últimos se negaron a que las personas junto a policías municipales de dicho municipio dejaran entrar un par de maquinarias de construcción al predio de Rafael Ruvalcaba, comentó el representante del movimiento, Rafael Herrera.
Hace algunas semanas los campesinos denunciaron este fraude en una conferencia de prensa, “aquí lo raro del asunto es que las propias autoridades están auspiciando que se meta maquinarias cuando está en litigio la propiedad”, señalando que las personas inconformes se opusieron rotundamente a que estos instrumentos de construcción fueran accionados.
Sostuvo que en todos los casos deben de mantenerse reservas para que puedan dictaminarse las resoluciones, por lo que consideró esto como un abuso total, situación que comenzó a presentarse desde el viernes anterior y ahora llegaron hasta con una orden de un juez.
“No sé en qué situación esté esa orden porque la abogada que lleva el asunto, solicitó la intervención del ministerio público y éste se negó rotundamente a participar en esa situación porque creemos que tiene sin lugar a dudas protección de las mismas autoridades”.
El problema en particular con este terreno que cuenta hasta con una demanda en términos penales, tuvo como principal motivación la compra-venta hacia una constructora llamada “Galgo”, de la cual no conoce su situación administrativa y fiscal, pero tienen entendido que pretenden construir alrededor de 800 viviendas.
Dijo que a través de sus investigaciones no existe dicha empresa que supuestamente compró el terreno, en el domicilio que presenta sólo existen locales comerciales, asegura.
Los campesinos que acudieron ante los medios de comunicación argumentaron en su momento que los contratos de compra-venta en localidades como Loretito y la Guayana, pertenecientes a San Francisco de los Romo y Jesús María, no están siendo respetados y que las autoridades no accionaban para hacer cumplir las especificaciones.
Este es uno de esos casos en los que presentaron una demanda penal para que se levantara el expediente, pero dichas aseveraciones tuvieron represión por parte del denunciado, quien amenazó a algunos de los campesinos de muerte por entablar juicios, situación que preocupó al gremio pero siguieron con la presentación de hechos. Algunos platicaron que fueron víctimas de fraude al vender su tierra por un coso bajo debido a la ubicación, pero la problemática ya tiene por lo menos tres años, indicó.
