- “A veces hay situaciones políticas que enturbian procesos legales”: Reynoso Femat
- Desconocen los grupos parlamentarios acerca de los pormenores del predictamen
A favor del dictamen positivo que pretende incluir a las figuras de consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE), Ombudsman local y comisionados del Instituto de Transparencia del estado, dentro de los servidores públicos en posibilidad de ser sujetos a juicio político, fue la postura mostrada ayer por el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat.
Reynoso Femat consideró que “todo servidor público debe ser considerado para juicio político, independientemente de que emane de elección popular o no”, pues todos tienen la obligación de respetar el marco legal del estado; asimismo, dijo que “a veces hay situaciones políticas que enturbian hasta proceso legales” pero más allá de eso, debe quedar claro que no puede jugarse con la ley
El dictamen cuya copia obra en poder de La Jornada Aguascalientes contempla que será el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del estado (STJ), en caso de los jueces del poder judicial, y el Congreso del estado, cuando se trate de otros servidores, quienes juzgarán la procedencia del juicio político.
Respondió afirmativamente al cuestionársele si desearía mayor participación del Ejecutivo en este aspecto, apuntando que no sería con ánimo de “intervenir por intervenir”, sino con el de aportar con base en sus experiencias, que “pueden mejorar cualquier iniciativa o cualquier tipo de regulación” al ejercicio de la función pública.
Aún cuando dijo no tener objeción si “quieren despreciar en algunos casos la figura del poder Ejecutivo”, subrayó que “habrá que analizarlo” de manera muy objetiva.
Fracciones parlamentarias de PRI y PAN, parcialmente a favor
Sobre el pre dictamen que este diario dio a conocer en su edición del domingo, los coordinadores de bancada de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en el Congreso del estado se mostraron personalmente de acuerdo, aunque ambos informaron que el documento no ha sido dado a conocer a los grupos parlamentarios.
Jesús Martínez González, líder de los legisladores panistas, apuntó que la Constitución federal ya establece que los servidores públicos tienen la responsabilidad de cumplir la ley; a ello, el coordinador de los diputados tricolores Fernando Palomino Topete indicó que al desempeñar cargos con una función eminentemente política, “los hechos de desviación de la conducta pública que ellos realicen, debe ser sancionada”.
Ambos representantes populares emitieron opiniones personales favorables a la propuesta, a reserva de analizar el dictamen y de que éste sea presentado al pleno Legislativo para poder ser votado.
