- Sin ella, se percibe un departamento gubernamental
La independencia presupuestal es de vital importancia para que el Poder Judicial pueda actuar con imparcialidad señaló ayer el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado (STJE), Juan Arturo Muñiz Candelas, momentos antes de rendir los informes de actividades de los años 2008 y 2009 ante el Congreso del estado, un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considerara, entre las 14 propuestas con las que busca contribuir a una gran reforma constitucional, las garantías presupuestales como necesarias para la función jurisdiccional.
En entrevista colectiva, Muñiz Candelas evaluó que “si realmente queremos ver al Poder Judicial o a todos los poderes judiciales gozar de una independencia plena, debemos, primeramente darles independencia presupuestaria”, ya que las deficiencias en esta materia “nos ponen contra la pared”.
Comentó que, tanto desde el Consejo Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) como desde la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (Amij), la propuesta de que al Poder Judicial se le asigne un presupuesto “determinado de un porcentaje del presupuesto general del estado”, con la finalidad de que sus representantes no “tengan” que acudir ante los del Legislativo y Ejecutivo “para pedir que nos den”.
Sostuvo que, en la misma medida que los es para garantizar la imparcialidad en la impartición de justicia, esta garantía “va a ser determinante en la dignidad del Poder Judicial”.
Aún cuando en repetidas ocasiones ha asegurado que el presupuesto otorgado al Poder Judicial en el estado no ha sido suficiente, su titular garantizó que el requisito de imparcialidad en la impartición de justicia se ha cumplido a cabalidad aunque, por otro lado, reconoció que debido a la falta de recursos, no se ha cumplido “con la prontitud deseada por las propias partes”.
Se refirió a un “gran desbordamiento de las demandas, en los juzgados, de los ciudadanos”, en cual vio un reflejo de la confiabilidad del sistema de justicia local, pues el aumento en la cantidad de asuntos “genera también una certidumbre de que estamos cumpliendo con la función judicial”.
Cuestionado sobre si la asignación de presupuesto ha sido usada por los otros dos poderes como instrumento para tratar de incidir en las decisiones de los jueces y magistrados, Muñiz Candelas consideró que, “si es con esa intención o no, a veces la percepción de la gente es esa”: que el Poder Judicial es un departamento de gobierno y no un poder autónomo.
Finalizó comentando que al generar mayor independencia, la garantía presupuestal es también “una forma de generar más seguridad hacia el justiciable”.
