Las investigaciones contra MOS y GAE, los principales temas de la glosa

Secuestro, delincuencia organizada, falta de confianza en el Ministerio Público e investigaciones en contra del actual gobierno municipal de Aguascalientes y contra el ex alcalde, Martín Orozco Sandoval fueron los cuestionamientos más recurrentes que enfrentó el procurador del estado, Edgardo Valdivia Gutiérrez, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso del estado, sobre el quinto informe de gobierno.
Con un retraso de 15 minutos llegó el procurador Valdivia Gutiérrez al vestíbulo del Palacio Legislativo, donde ya lo esperaban los integrantes de la Comisión de Justicia, para llevar a cabo la glosa del quinto informe de gobierno, en lo referente a la procuración de justicia. Diez fueron los diputados que cuestionaron el actuar del procurador a un año y medio de que asumiera el cargo.
Los legisladores de Acción Nacional (PAN), Jaime Gallo Camacho, Antonio Martín del Campo, Jesús Martínez González y el diputado independiente, Cesar Amado Cervantes Mena, cada uno en su oportunidad, entre otras cosas señalaron la tardanza de la Procuraduría para llevar a cabo las averiguaciones tanto en el caso de Orozco Sandoval, así como en las diferentes denuncias contra el actual gobierno capitalino.
Gallo Camacho cuestionó al procurador sobre la forma en que se formuló la averiguación del caso de Orozco Sandoval, e incluso sugirió que esta fue efectuada bajo las órdenes del secretario general de gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes, quien dijo fue “promotor” del cargo que ahora ostenta de Valdivia Gutiérrez
“Recibí instrucciones de Juan Ángel Pérez Talamantes, supuestamente mi promotor, no, no recibí ninguna instrucción”, respondió tajante y visiblemente molesto el procurador, quien agregó que la demora en las denuncias en contra del municipio que encabeza Gabriel Arellano Espinosa, hechas tanto por panistas, como por el propio ayuntamiento en contra de algunos funcionarios, por compras irregulares en equipo de seguridad pública, “incluido el helicóptero”, se debe a que son muchas las diligencias “sin precisar cuáles” que se han hecho en el caso, por lo que su seguimiento ha sido lento.
Ante la petición de Gallo Camacho de detallar los avances de la averiguación, Valdivia Gutiérrez, argumentó que por motivos de extensión del expediente, no lo haría, y en lugar de eso, exhortó al diputado blanquiazul, a acudir personalmente a la Procuraduría, para obtener más información “Usted es parte de la averiguación con todo gusto puede consultar la averiguación… yo lo que esperaría es que pudiera darse una vuelta y pueda ver el expediente”.
Durante el derecho de réplica el diputado panista, retó al procurador a medir el tiempo que tarda un ciudadano en ser atendido en el Ministerio Público, pues aseguró que en varias ocasiones que ha tenido que acudir para denunciar algún delito, ha tardado alrededor de cuatro a doce horas en ser atendido, aludiendo que esta es una de las razones por las que la gente no denuncia, por considerarlo como un trámite “engorroso”.
La diputada perredista Ruvalcaba Gaméz, en su participación, contestó de manera indirecta, que la orden de orquestar una averiguación en contra de Orozco Sandoval, no fue del secretario general de gobierno, “fue del gobernador”. En este sentido la legisladora, preguntó la opinión de Valdivia Gutiérrez al respecto de la posibilidad de una procuraduría autónoma, quien a su vez, se dijo preocupado por el dictamen que se trabaja en el Congreso local, pues considera que al ser independiente el procurador se le estaría quitando la responsabilidad de rendir cuentas sobre su ejercicio a una autoridad superior.
Por su parte los legisladores del Revolucionario Institucional (PRI), Edgar Bussón Carillo, Enrique Rangel Jiménez, Fernando Palomino Topete y Baudelio Esparza Reyes, en sus diferentes participaciones coincidieron en cuestionar al procurador sobre los resultados y las acciones realizadas en materia de secuestro, extorsión, delincuencia organizada, además de la carencia de confiabilidad de los agentes del Ministerio Público y la desconfianza generalizada de población hacia la procuración de justicia.
En algunos casos limitándose a proporcionar cifras sobre las averiguaciones iniciadas, en relación al secuestro y la extorsión, aseguró que la presencia de estos delitos ha disminuido en el último año, aunque reconoció que la realidad de la delincuencia puede ser aún mayor, ya que no todos los delitos son denunciados.
El diputado Palomino Topete, expuso que a pesar de las “cuentas alegres” presentadas en el quinto informe de gobierno, de acuerdo a encuestas ha tenido conocimiento de que el 74 por ciento de la ciudadanía se siente insegura, atribuyéndolo en parte a que un porcentaje muy reducido de indiciados, llegan a recibir condenas, por la incapacidad del Ministerio Público para comprobar los delitos.