- Compareció su titular en glosa del quinto informe
- Avala legislación local que comercie predios urbanizados con particulares
Con un exhorto al Congreso local para quitar el veto que desde junio de 2008 impuso el ejecutivo a las reformas a la ley del Instituto de Vivienda del estado (IVEA), para que deje de ser una “inmobiliaria oficial”, terminó la noche de ayer la comparecencia de la glosa del informe del titular de esa dependencia, Alberto Serna Dávila, ante la comisión de planeación y desarrollo urbano del legislativo.
Durante el encuentro, Serna Dávila reportó un inventario de reserva territorial que asciende a 22 millones 932 mil 241 metros cuadrados o 2 mil 293 hectáreas incluyendo los adquiridos recientemente y la deducción de aquellos predios que “no son sólo lotes para vivienda familiar”, sino también “súper manzanas de probablemente entre una y cuatro hectáreas para desarrollo de vivienda”.
En este sentido, se le cuestionó qué ordenamientos permitían a IVEA ejercer funciones que no fueran el desarrollo de vivienda de interés social, como comercializar con agentes inmobiliarios o público general los predios adquiridos –urbanizados o no-, respondiendo que además del Código Civil y la Ley de Control de Unidades Paraestatales, la normativa devuelta con observaciones en junio de 2008 al Poder Legislativo le permite urbanizar y vender predios.
En las reformas que por el veto del gobierno estatal aún están atoradas se le retiraba al instituto esa facultad.
El funcionario indicó que con estos predios “buscamos constituir una reserva para uso habitacional” en zonas aledañas a fraccionamientos ya urbanizados, aprovechando la infraestructura existente y en particular se tocó el tema de 39.66 hectáreas adquiridas entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009 por 64 millones de pesos que se destinarían al desarrollo de la segunda etapa “de un fraccionamiento ya desarrollado por el Instituto de Vivienda, o por lo menos autorizado ya”.
Como se evidenciara en la revisión de cuentas públicas, reiteró que en el predio San Isidro no se ha ejecutado obra alguna porque fue vendido en el mismo año de su adquisición, en 2007, por lo cual no forma parte del inventario.
Esta venta fue motivo de una observación del órgano Superior de Fiscalización, que la consideró un acto violatorio de la ley al haber comerciado con un fideicomiso y con fines de lucro, además de señalarlo como adquirido y vendido con disparidad de precio que le dejaría más de 112 millones de pesos como ganancia, precio que habría sido cubierto antes de firmarse el contrato.
En cuanto a las acciones del IVEA, indicó que la mayoría de los beneficiarios de sus programas de ahorro, crédito y apoyo para la construcción, adquisición y ampliación de vivienda son familias que perciben menos de cinco salarios mínimos, por lo que al cierre del año pasado se habían condonado 24.3 millones de pesos de adeudo y 19 de intereses a más de 400 de estas familias.
Justificó que los premios de vivienda recibidos por el estado se deben a la calidad de los proyectos y no sólo de los materiales y que para el desarrollo de la vivienda de interés social se toma en cuenta una familia con un promedio de cuatro integrantes.
Finalmente, consideró que el estado debe evaluar la posibilidad de la vivienda vertical, que puede ser una buena forma de densificar a la población.
