Acudieron a La Jornada Aguascalientes los vecinos del fraccionamiento “Canteras de San José” para presentar el caso de la fábrica “maquiladora de bordado Riuler Sport” que no ha cumplido con la legislación en materia ambiental y ante ello las autoridades municipales y estatales no la clausuraron, sino que la reubicaron mediante un convenio que venció el 31 de diciembre, pero el inmueble sigue utilizándose, aseguran.
El establecimiento está ubicado en la prolongación paseo de Yahualica sur número 504, en el fraccionamiento Canteras de San José, mismo que cuenta con uso de suelo habitacional, por lo que provoca molestias a los habitantes del lugar quienes tienen que soportar los ruidos en altas horas de la noche, así como la obstrucción del tránsito por el transporte pesado que arriba a la planta y además existen olores desagradables que son producto del procesamiento de la maquinación y la quema de químicos en una cantera, dicen.
La empresa está a nombre de Erick Lozano Aguilar, que fue uno de los firmantes del convenio de reubicación firmado entre el particular y el ayuntamiento capital, siendo este documento, resultado de las diferentes gestiones que los vecinos organizados realizaron ante diversas instancias municipales, estatales y federales, sin embargo a pesar de esto no fue solicitada su intervención en el acto.
En dicho convenio quedó especificado que deberá de respetarse estrictamente el permiso que tienen para únicamente fabricar playeras, así como trabajar sólo en horas hábiles y tampoco tiene permiso para invadir la vía publica o estorbar en las cocheras de los vecinos. Esto, porque al no existir las condiciones de infraestructura para una empresa y estar instalados prácticamente en una casa – habitación, los trabajadores tienen que buscar un lugar cómodo para ingerir sus alimentos, sentándose en las puertas de las casas más cercanas.
Este trámite tiene como antecedente un documento firmado en agosto por Barbara Velderrain Osuna de Atención Ciudadana, en el que especifica que la empresa cerraría sus puertas en tres meses, es decir, el pasado 18 de noviembre, situación que no ocurrió.
Dos personas que prefirieron guardar el anonimato señalaron que la fábrica comenzó desde hace 15 años como un taller de corte y confección, pero desde hace un año iniciaron su ampliación con lo que comenzaron las afectaciones entre los vecinos. De ahí que hayan presentado oficios para la investigación de su funcionamiento ante el Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes (IMAE) quien les respondió que la empresa no cuenta con el estudio de impacto ambiental necesario por lo que turnaron el caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
La empresa obtuvo incluso una multa por 7 mil pesos debido a que pudo comprobarse que está utilizando productos que afectan al medio ambiente y que están siendo tirados a un predio baldío, además de que los residuos no cuentan con ningún tratamiento, situaciones que están corroboradas en fotografías y que demuestran la cercanía del tiradero con el pozo de agua que satisface al fraccionamiento.
Las firmas y la paciencia de los más de 30 denunciantes llevaron a que incluso Protección Civil emitiera una resolución en la que destaca la falta de infraestructura y la poca capacitación que existe en los empleados para enfrentar un caso de emergencia.
Con copia en mano de todos los documentos presentados desde el mes de abril del 2009, contaron que cuando se le cuestionó al propietario del inmueble el motivo de su instalación respondió que era por comodidad ya que su residencia está a unos cuantos metros del lugar, desatando entonces una molestia por parte de los afectados directos.
Cuentan los denunciantes que en una ocasión acudieron con el presidente municipal de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa y que muchas veces los canalizó a diferentes áreas municipales que no pudieron resolver el asunto por lo que pidieron una audiencia personal, misma que cuando se presentó fue un trago amargo porque el edil los recibió en un momento que a su decir estaba eufórico y que emitió un mal trato, por ello prefirieron retirarse pero recibieron la amenaza de que el policía de la entrada los detendría, esta situación aseguró tiene un precedente en la oficina de la Contraloría General del estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Entre estos malos tratos, comentaron que también está involucrada la regidora Leticia Sigala, quien en ningún momento dio resultados favorables.
