- Sin embargo, descarta que sea una red de corrupción dentro de la SEFI
- Pide que se investigue a fondo para dar con los responsables del delito
Tras darse a conocer mediante que el grupo antisecuestros había desarticulado una banda de falsificadores, el secretario de finanzas, Pablo Giacinti Olavarrieta, aclaró ayer que no se trata de una “red de corrupción en finanzas”, como se afirmara en algún medio de comunicación, sino de un empleado –ya separado del cargo- de esa dependencia que formaba parte de la banda; sin embargo, no descartó que pudiera tener cómplices todavía laborando ahí, por lo que manifestó completo apoyo a la continuación de las investigaciones.
Giacinti Olavarrieta aseguró que las dos denuncias que dieron inicio a la investigación salieron a fines de noviembre de 2009 y principios de enero pasado, respectivamente, de la propia Secretaría de Finanzas (Sefi); señaló que el inculpado era un empleado de base que realizaba diversas tareas, entre ellas la de cajero, según se necesitara y por esta razón, sugirió, “a lo mejor se tuvo que haber ayudado de otra u otras personas, que es lo que a mí me interesa que sigan las investigaciones”.
El funcionario explicó que el delito imputado consistió en facilitar la entrega de placas y documentación para vehículos robados, que los demás miembros de la banda presentaban como autos “que venían dados de baja” y que se darían de alta; dijo que “solicitamos la investigación porque se nos presentó un caso (…) de ahí se derivó una serie de investigaciones, descubrimos el caso de otra persona y (…) afortunadamente lograron determinar una persona, hasta el momento, en la secretaría de finanzas”.
En este sentido, el funcionario aseguró estar en completa disposición de apoyar a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) “para que, si hay más, los detengan y los condenen (…) de haber más, que vayan jalando el hilo hasta sus últimas consecuencias”.
Con respecto a las sanciones, indicó por un lado que será la Contraloría General del Estado la que se encargue de evaluar la sanción que en lo administrativo deberá enfrentar esta persona; por otra parte, apuntó que se trata de una responsabilidad penal, por lo cual “primero hay qué ver que las investigaciones concluyan, que efectivamente se muestre la culpabilidad de estas personas y que en su momento, el juez tendrá que determinar si hay o no hay una sanción” de este tipo.
Mientras tanto, advirtió que de la misma forma que el empleado que presuntamente cometió el delito ya fue despedido, se actuará con aquellos trabajadores que incurran en alguna irregularidad.
Pese a lo sucedido, Giacinti Olavarrieta aseguró que Aguascalientes es de los estados con los filtros más estrictos para el plaqueo de vehículos; no obstante, afirmó que el trabajo de falsificación fue tan bueno que complicó determinar por qué sucedían irregularidades, además de justificar que no se cuenta con aparatos que detecten documentación de procedencia ilegal.
Finalmente, esperó que una vez que entre en vigor el Registro Público de Vehículos (Repuve) a nivel federal, se pueda mejorar la detección de vehículos ilegales, porque actualmente el retraso en la entrega de información de muchos estados es lo que incrementa el riesgo de que sucedan hechos como éste.
