- Contempla a los integrantes del Consejo de la Judicatura
El dictamen que aprueba las reformas a la Constitución local y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para incluir a varios servidores públicos como sujetos de juicio político fue elevado a rango de ley, luego de ser aprobado ayer por unanimidad del pleno legislativo.
Las tres iniciativas agrupadas en el documento plantean primordialmente la inclusión de los Consejeros del IEE, los comisionados de transparencia, el presidente municipal, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), así como los titulares de los organismos autónomos y los directores generales de las empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Además, se incluyó expresamente dentro de estos sujetos al presidente municipal y a “los miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial”. Este consejo está integrado además por funcionarios del ejecutivo y del legislativo.
La modificación de nueve artículos constitucionales establece también que tienen la calidad de servidores públicos los representantes de elección popular, los integrantes del Poder Judicial, sus funcionarios y empleados, los Consejeros del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) y su personal “y en general a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal”, así como directores generales de organismote autónomos y descentralizados, entre otros.
A todos ellos les confiere la responsabilidad de violaciones a cualquier ley vigente en el estado mientras estén en el ejercicio del cargo; responsabilidades administrativos en caso de malos manejos o desvíos de fondos en el ejercicio de su cargo y responsabilidad política cuando “incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
Y establece como sanción más grave la inhabilitación en el cargo, así como las establecidas ya en la legislación penal y la ley de responsabilidades de los servidores públicos.
En la misma sesión, se aprobaron los dictámenes que rechazan las iniciativas de reformas a la Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes que pretendía que en los planteles se implementaran mayores medidas de seguridad para evitar sucesos como el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en junio de 2009; asimismo, se rechazó finalmente la iniciativa de Ley para la Inculcación y Promoción de los Valores, la Ética y Cultura de la Legalidad del estado de Aguascalientes.
El rechazo de esta propuesta levantó debate entre su promotor, desde mediados del año pasado, Vicente Pérez Almanza y el presidente de la comisión de Educación, Francisco Guel Sosa.
Mientras Pérez Almanza defendió que los argumentos bajo los cuales se rechazaba eran los mismos con los que fue devuelta a comisiones hace unos meses y criticó que al Congreso sólo le interesaba “el lenguaje de las prostitutas”, el del dinero; Guel Sosa le reviró que gran parte de lo propuestos en la iniciativa es ya parte de programas del gobierno local.
Finalmente, el grupo parlamentario del PAN presentó dos puntos de acuerdo; uno para que se anuncie por escrito en las escuelas la no obligatoriedad de las cuotas y otro para que el ejecutivo emita el decreto expropiatorio del predio La Nueva Línea de Fuego para que se pueda regenerar la zona.
