- Insiste en que la percepción ciudadana puede ser diferente a la objetividad
- Promociona oficialmente a la entidad como una de las más seguras con datos del ICESI de 2002
Aún cuando en el portal de gobierno del estado se promociona a Aguascalientes como uno de los estados con mejores indicadores de seguridad pública con base en resultados de la encuesta levantada en 2002 por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), Luis Armando Reynoso Femat cuestionó una vez más “la seriedad del estudio, con qué profundidad se aplicó” al ser cuestionado sobre los resultados de otras investigaciones realizadas por esa asociación y que revelan el incremento en homicidios en la entidad, así como el alto costo económico que representa para la víctima de delito el inicio de una averiguación previa.
En reacción a los resultados del estudio “El Costo de la Inseguridad en México” y “Mortalidad por homicidios” que La Jornada Aguascalientes publicó ayer, Reynoso Femat afirmó que “hay que reconocer que la percepción puede ser diferente a la objetividad” e incluso aseguró que “en materia de seguridad estamos mucho mejor de lo que se percibe”.
Sin embargo, en el apartado donde el portal de internet del Ejecutivo ofrece información sociodemográfica basada en cifras del ICESI, se lee que “en Aguascalientes suceden sólo tres robos con violencia y 15 homicidios por cada 10 mil habitantes” (sic).
El estudio descalificado por el mandatario ofrece datos hasta el año 2007 referentes a una tasa de 2.1 homicidios por cada 100 mil aguascalentenses; en tanto que la Encuesta Sobre Inseguridad (ENSI) 2009, revela que el 74 por ciento de los ciudadanos perciben al estado como inseguro, mientras que en el portal gubernamental se afirma que “el 61 por ciento de los aguascalentenses consideran al estado es seguro para vivir” (sic).
El gobernador consideró que esa percepción se deriva de la inseguridad a nivel nacional “y en Aguascalientes, como estado tranquilo, seguro, cualquier evento que suceda, alarma muchas veces de más”.
Con respecto al costo de más de 3 mil pesos que cuesta a una víctima de delito, reconoció que es necesario que la procuración de justicia sea realmente rápida y expedita, pero también apuntó que “hay que cambiar leyes y eso habrá que juntarnos al Congreso (…) y al propio Poder Judicial porque muchas veces en sus manos está el poder resolver muchas y no ayuda el hecho de que se haya estado trabajando con evidencias y legalmente no se puede hacer nada”.
“El costo de la inseguridad en México”, del ICES, revela también que entre 2007 y 2009, el porcentaje del presupuesto de egresos de Aguascalientes destinado a seguridad pública ha pasado del 9.1 al 14.3 por ciento, colocando a la entidad como el séptimo de nueve estados con inversión en ese rubro superior al promedio estatal de 11.1 por ciento. En ese periodo, el monto que por habitante destina del presupuesto creció 56.67 por ciento.
De acuerdo con esa investigación, el estado invirtió hasta el año pasado mil 432 pesos por cada habitante en el rubro de seguridad pública y aunque en porcentaje, la entidad está en el séptimo lugar, el monto en pesos es el cuarto más alto de toda la República y también está por encima de la media nacional, que es de mil 88 pesos per cápita.
El año anterior, el porcentaje del presupuesto de egresos destinado a seguridad pública fue 14.1 por ciento, siendo el cuarto porcentaje más alto sólo por debajo del 22.2 por ciento del Distrito Federal, el 15.3 de Baja California y el 15.3 por ciento de Colima. Por persona, en 2008 Aguascalientes ejerció un gasto de mil 306, que fue el quinto más alto del país.
Este año representó un incremento muy significativo con respecto de 2007, cuando el porcentaje del presupuesto de egresos estatal destinado a seguridad pública fue de 9.1, encontrándose por debajo del promedio de todos los estados de 10.1; este porcentaje significó una erogación de 914 pesos por habitante, siendo el décimo estado en inversión per cápita para este servicio.
En todos los años, el monto per cápita del presupuesto estatal destinado a seguridad pública fue considerablemente menor al costo que para el ciudadano tiene denunciar un delito y ratificarlo.
