- El millonario adeudo del ayuntamiento a un particular continúa aún pendiente
- Se deslindarán responsabilidades según acuerdo del 25 de febrero en Congreso local
Ante la falta de disposición mostrada por el municipio para liquidar la deuda con el ciudadano Javier Ocampo Navarro, por concepto de un terreno expropiado con motivo del entubamiento del arroyo del cedazo y la apertura de la avenida Ayuntamiento, el juez tercero de distrito en la ciudad de Aguascalientes, dictaminó en 2008 una sentencia equivalente al pago de $29 millones 507 mil 307 pesos.
La mencionada demanda recae aún en la casi concluida administración de Gabriel Arellano Espinosa. Según declaraciones del diputado independiente Cesar Cervantes Mena, existen versiones “extraoficiales” que evidencian el ocultamiento al Cabildo de las respectivas notificaciones de pago y con ello, la mala fe del alcalde al realizar diversas acciones que desembocaron en el incumplimiento del veredicto. En su momento, la autoridad federal advirtió que el Cabildo entero sería cesado y enviado a juicio.
El miércoles 25 de febrero del año en curso, Cervantes Mena pidió en sesión ordinaria al Pleno del Congreso del estado la creación de una comisión encargada de investigar el expediente 1087-2002 para distribuir responsabilidades en el caso. De aprobarse la moción, y rumbo a su cometido, dicha comisión contaría con un lapso de 30 días.
Durante su discurso, y en lo tocante a lo social, Cervantes Mena intentó estimular fibras sensibles en sus colaboradores del Legislativo, al incluir en sus palabras la cita del compromiso que como diputados han adquirido particularmente con el sector popular.
“En nuestro carácter de representantes populares estamos obligados a rendir cuentas a la ciudadanía y a denunciar aquellos actos que cualquier funcionario público de los tres niveles de gobierno, realice en detrimento de los derechos de los ciudadanos, de la gobernabilidad y de las instituciones que rigen la vida jurídica del estado”.
Por otro lado, aunque en la misma sesión parlamentaria, el diputado priísta Edgar Bussón Carrillo, proyectó un retroceso en cuestiones jurídicas devenido de la alianza entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. El argumento fue la incompatibilidad de caracteres de que ambas bancadas hacen gala a raíz de sus tendencias derechistas e izquierdistas respectivamente.
“Qué clase de democracia estamos permitiendo cuando dos partidos que representan a los extremos opuestos de la población se unen sin ningún proyecto social como respaldo, sin ninguna plataforma política”, preguntó.
Bussón Carrillo culminó su participación sugiriendo el contrapunteo permanente de opiniones como punto fundamental para el crecimiento del país y jamás “la comunión de los extremos opuestos por la búsqueda del poder por el poder”.
