- Asegura Jaime Gallo que los avances comprueban excesos en licitación de seguro
El diputado panista Jaime Gallo Camacho, quien interpuso una denuncia por uso indebido de la función pública y corrupción en contra de varios funcionarios del actual ayuntamiento, afirmó ayer que, en el lento avance que la integración de la averiguación previa se detectaron ya irregularidades que podrían ser suficientes para que se procediera con mayor severidad contra Gabriel Arellano Espinosa, Adrián Ventura Dávila, Eloy Reyna Rendón, Joel Castañeda Guerrero y Efrén Castañeda Castorena que en el caso de Martín Orozco Sandoval.
Gallo Camacho aseveró que luego de la comparecencia del procurador de justicia del estado Edgardo Valdivia Gutiérrez ante el Congreso local, éste le hizo la invitación a que acudiera a aquella instancia para constatar el avance de su asunto, lo que hizo la semana pasada y comentó que “la agente del ministerio público me comentó que han hecho tres procesos: se citó primero a algunos testigos, se solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo el expediente de la licitación para conocer a detalle la revocación y en tercer lugar sí identificó el hecho de que se excedieron en las asignaciones directas y a la empresa que se había vetado para poder participar del proceso”.
En su denuncia, presentada en el 13 de marzo de 2009 ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), el legislador asegura que el 8 y 9 de mayo de 2008, el ayuntamiento capitalino vendió las bases de la licitación para la adquisición del seguro del parque vehicular “por un monto superior a los 4 millones de pesos, favoreciendo el fallo a la empresa Interacciones, S.A.
Sin embargo, la aseguradora Quálitas impugnó y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dejó sin efecto el proceso de licitación. Aún así, afirma, el municipio fraccionó la partida de la licitación y otorgó dos convenios “por compra directa para evadir una nueva licitación”.
Indicó que con ello se violaron los artículos 54 y 57 de la Ley Patrimonial del estado, que establecen que “las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de vienes muebles con valor superior a 15 mil veces el salario mínimo general vigente en el estado se adjudicarán por regla general a través de licitaciones públicas” y que la adjudicación directa procederá “cuando no se rebase el monto máximo establecido para el objeto de gasto correspondiente al centro de costos requisitante en el Presupuesto de Egresos del Estado o del Municipio” y habiendo de por medio patentes o derechos de autor, cuando “se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor” o se ponga en riesgo el orden social, el interés público, entre otros casos.
Argumenta que el personal de Interacciones, la aseguradora a la que se echó abajo la licitación, tenía relación de parentesco con varios de los funcionarios denunciados.
En este sentido, Gallo Camacho insistió en que Arellano, Ventura, Castañeda y otros, no sólo podrían tener responsabilidad administrativa sino penal y no descartó que sean sometidos a juicio de procedencia para desaforarlos y someterlos luego a juicio político.
