El legislador independiente, César Amado Cervantes Mena, presentó ayer ante el pleno legislativo una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política del estado que imponga candados que eviten que los funcionarios dejen su cargo de elección popular sin haber concluido los compromisos que adquirieron para obtenerlo, en el afán de postularse para obtener otro.
Al reformar la fracción II del artículo 20 constitucional, se establece que, entre otros funcionarios, “los magistrados tanto del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) como del Tribunal Electoral; los jueces y secretarios de los diversos ramos, el procurados de justicia y los delegados de las dependencias federales en el estado” no podrán ser electos para el cargo de gobernador, diputado o presidente municipal.
En el caso de los funcionarios de elección popular estatales, federales o municipales, las modificaciones a este artículo y al 38 contienen la excepción “si han ejercido el cargo para el que fueron electos como mínimo el tiempo equivalente al 75 por ciento del período constitucional”.
Cervantes Mena fue criticado varios de los legisladores al presentar esta propuesta, principalmente por su comportamiento indeciso al dejar el grupo parlamentario de Convergencia y tener acercamientos sin aclarar con las bancadas de Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y por considerarse que las modificaciones se contraponen con el derecho consagrado en la Constitución Federal de votar y ser votado.
Sin embargo, en la exposición de motivos el legislador asegura que “con esta medida no se busca limitar o discriminar a los políticos que persiguen el sueño legítimo de hacer carrera política, sino incentivar que lo hagan con verdadero espíritu de servicio y de manera profesional, atendiendo al bien común”.
Argumenta que en México “la mayoría de los ciudadanos considera que las instituciones gubernamentales son esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, pero expresa desconfianza y desaprobación hacia los funcionarios que se encuentran al frente de las mismas”.
En entrevista aparte, el promovente señaló que en caso de aprobarse esta iniciativa, que pasará a la comisión de gobernación, implicará la reforma al Código Electoral y por tanto deberá discutirse también en la comisión de asuntos electorales.
Él mismo definió la propuesta como una “ley anti chapulines” y aseveró que la intención es que quienes abandonen un cargo de elección popular para buscar otro dejen incumplidas las promesas que en la plataforma electoral que defendieron durante la candidatura y que hayan sido registradas por sus partidos políticos.
“Recordemos que los Congresos de los estados son libres y autónomos, entonces pueden generar las reglas, en este caso para este tipo de iniciativa”, comentó y refirió que según la jurisprudencia que generó el caso de Jorge Hank Ron en Baja California tiene dos interpretaciones, una de las cuales considera que la iniciativa no violenta la garantía de votar y ser votado.
El documento expone, con base en esa jurisprudencia, que los derechos político-electorales “no son derechos absolutos o ilimitados” y considera la teoría jurídica de que “toda limitación de un derecho fundamental, para ser debida, además de estar justificada deberá respetar invariablemente el contenido mínimo o esencial del derecho en cuestión”.
En caso de aprobarse, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE); sin embargo, ya no aplicará para los integrantes del Congreso que pedirán licencia para buscar candidaturas a más tardar el 15 de febrero.
