- La califica Solís Farías como ley “de vanguardia” en el país
Ayer se turnó al pleno la iniciativa de adición de una segunda fracción al artículo 27 de la Constitución local, mediante la cual se pretende “introducir la extrafiscalidad al sistema tributario constitucional estatal”, dando a los impuestos un fin primordialmente impulsor o restrictivo de actividades realizadas por la ciudadanía y que puedan beneficiar o dañar en su caso el entorno social.
La propuesta fue presentada por Alberto Solís Farías a nombre de la comisión de vigilancia que preside y su espíritu es “alentar o inhibir ciertas ramas de la actividad económica; es decir que, a través de estas contribuciones, podremos determinar impulsar actividades o sectores o áreas que nos puedan ser de orden estratégico en el estado”.
Solís Farías señaló que se trata entonces de que las contribuciones existentes o aquellas que pudieran proponer el Congreso, los ayuntamientos o el ejecutivo estatal no tengan como fin principal el recaudatorio, sino el beneficio de la sociedad mediante la inyección de recursos etiquetados para determinado rubro o acción o la restricción de conductas que dañen en algo el desarrollo de la comunidad.
“No existe en nuestra legislación fundamental; es decir, en la Constitución, hasta este momento, la posibilidad de utilizar estos principios de extrafiscalidad. Por lo tanto los que estamos nosotros tratando de incorporar sería una reforma de vanguardia (…) nos estamos adelantando para tener un marco jurídico acorde para en el futuro poder fortalecer las finanzas públicas”, comentó.
Para explicar la propuesta, que aseguró cuenta con el aval de los integrantes de la comisión de vigilancia, usó el ejemplo de una multa para aquellos vehículos que emitieran un grado superior de contaminación a lo permitido, lo cual tendría cono finalidad principal que se inhibiera la falta de verificación o viceversa: “las restricciones arancelarias que existen para ciertos productos de otros países”, cuya recaudación se pudiera destinar al fortalecimiento de los productores locales.
Esta iniciativa es la primera en su tipo que se presenta en algún estado de la República y, a decir del diputado, imitaría el concepto de tributo de países de primer mundo, como España, donde se le ve “como un medio no sólo recaudatorio, sino como un verdadero instrumento de control económico y de desarrollo de beneficios constitucionales y garantías individuales y sociales, como el acceso a la vivienda, medio ambiente digno, la salud, entre otros derechos.
En la exposición de motivos, justifica que a través de reformas como ésta se contribuiría a generar “un estado social que modere ideas restrictivas de intervención en la vida de los particulares (…) que le permita llevar una rectoría económica que bajo principios de solidaridad y sea un factor de equilibrio entre las diversas fuerzas sociales o económicas de un estado”.
Tras su presentación ante el pleno legislativo, la iniciativa deberá ser turnada a la comisión de gobernación para su discusión. De ser aprobada, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
