- La medida fue considerada como violatoria de los derechos humanos
- Sería una política a tomar en cuenta por los partidos en la próxima elección: CEDH
La comisión de agrietamiento del suelo y sustentabilidad del agua en el Congreso local rechazó ayer una iniciativa de reformas a los artículos 98, 101, 104, 130 y 131 de la Ley del Agua del Estado, presentada por Partido Revolucionario Institucional (PRI) que pretendía obligar a que el suministro del agua potable no fuera totalmente cancelado, sino racionado hasta cinco metros cúbicos, en los casos de falta de pago.
El presidente de la comisión, el panista Antonio Martín del Campo, justificó que “ya lo checamos y técnicamente es muy complicado porque necesitas unas válvulas especiales y esas válvulas salen alrededor de 15 mil pesos” cada una y para que lo propuesto por Gerardo Sánchez Garibay pudiera convertirse en realidad, cada hogar tendría que contar con una de éstas.
Recientemente la aplicación de los cortes del suministro del vital líquido fueron calificados como violatorios de los derechos humanos por el Ombudsman local, Omar Williams López Ovalle, quien anunció que la supresión de esta medida sería incluida dentro de un decálogo de garantías humanas que los partidos deberían tomar en cuenta como parte de su agenda electoral para los comicios locales de 2010.
Durante la misma sesión, que contó con un quórum completo, se desechó igualmente la iniciativa de ley a través de la cual la bancada del Partido Acción Nacional (PRI) pretendía crear el “Instituto de Estudio y Tratamiento de las Ciencias de la Tierra del Estado de Aguascalientes”, además de pagar una indemnización a la familias cuya vivienda o propiedad se viera afectada por el paso de una falla geológica.
Aunque la consideró una propuesta “muy buena”, Martín del Campo argumentó su rechazo al precisar que para su aplicación “se necesitarían muchísimos recursos” y adelantó que el grupo parlamentario blanquiazul, nuevamente por medio Jaime Pérez Camacho, presentaría otra iniciativa tendiente a crear un consejo que determine, “con base en estudios y análisis, si puede pasar ahí o no puede pasar una falla geológica”.
Este “Instituto de Fallas Geológicas y Grietas del Estado” tendría el encargo de “darle certeza y seguridad a los fraccionadores y a la población en general”.
Con la dictaminación de estas dos iniciativas, la comisión que integran además de Martín del Campo, Jaime Pérez Camacho, Juan Gaytán Mascorro, Fernando Palomino Topete y Gerardo Sánchez Garibay, consiguió abatir la carga de trabajo que hasta este martes arrastraba.
Ambos dictámenes serán sometidos a votación en la sesión ordinaria del pleno que se celebrará hoy.
