- Pide el afectado no se le trate de “presunto delincuente”, pues comprobó su inocencia
- Aún no decide si demandará indemnización prevista en la ley por daños y perjucios
Luego de que La Jornada Aguascalientes y varios medios locales dieran a conocer ayer el caso de Rigoberto Soto Zermeño, inculpado con mentiras en los sucesos violentos del jueves 15 de febrero de 2007, el oriundo de Encarnación de Díaz y su abogado convocaron a rueda de prensa con la finalidad de exigir que tras la decisión del Tribunal Unitario deje de referírsele como “presunto delincuente” y ahí dieron a conocer los nombres de algunos elementos de seguridad pública que lo involucraron y cuyo testimonio paradójicamente influyó en su liberación.
Enrique Trujillo, abogado defensor del caso, señaló en primer término que el calificativo con que algunos medios locales se han referido a Rigoberto después de su liberación es muy fuerte e incluso pudiera ser una difamación, “sobre todo para alguien que ya comprobó su inocencia”.
Asimismo, detalló que parte del éxito obtenido en el juzgado se debió a que el agente de tránsito Ángel Muñoz Ramírez, reconoció en el interrogatorio que Rigoberto no había salido de la casa de seguridad en la calle Revolución y que él no lo había perseguido hasta capturarlo y entregárselo al comandante de la municipal Mario Guadalupe Mena Reyes, como afirmara en un inicio; en cambio, confesó que fue éste quien llevó a Rigoberto al lugar donde los otros 20 implicados en las balaceras del “jueves negro” fueron detenidos.
Este relato de hechos fue confirmado en la misma rueda de prensa por María de Jesús García Rodríguez, quien en 2007 era patrona de Rigoberto, propietaria del vehículo en que fue detenido y principal testigo, pues presenció el momento de la detención y las irregularidades que ésta siguieron.
García Rodríguez contó que aquel 15 de febrero, alrededor de las 12 del día, elementos “de uniforme beige con café” se llevaron a su entonces empleado sin permitirle explicar nada, mientras que a ella la bajaron de la camioneta y “una mujer policía”, con trato amable, le permitió acreditar su identidad, la propiedad del automóvil y el motivo de su presencia en Aguascalientes.
Quince minutos después, dijo, a Rigoberto lo devolvieron golpeado para más tarde llevárselo detenido sin darle razón. Desde entonces hasta estos días, no pudo ver a su ex empleado.
Debido a cómo se dieron las cosas, afirmó, ella rindió declaración hasta el 20 de febrero de 2007; es decir, cinco días después de la detención, cuando Rigoberto ya había sido trasladado a la Subprocuraduría de Investigación especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en un operativo que a ella se le dijo era un simulacro y a pesar de ser la principal testigo en el caso de quien muy probablemente fue el primer detenido bajo sospecha de haber provocado el inicio de los actos que marcaron un antes y un después en el estado y en la conciencia social.
La propietaria de una compañía de materiales de construcción aseguró también que tras la detención acudió a conocidos de instancias públicas y gubernamentales en la entidad; incluso mencionó al alguien “muy cercano” a gobierno del estado y dijo que todos ellos le aseguraron que si su chofer era inocente, pronto sería liberado, a la vez que le pidieron esperar “que se calmaran las aguas”.
De acuerdo con el documento con que se le devolvió su absoluta libertad, ésta se dictó “en cumplimiento al amparo concedido a la ejecutoria pronunciada por el primer tribunal unitario de circuito del centro auxiliar de la tercera región (…) en el juicio de amparo 037/2008”. Se decreta “absoluta libertad y auto de libertad por falta de elementos para procesar a Rigoberto Soto Zermeño por los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego, posesión de arma de fuego, portación de arma de fuego y cartuchos para uso exclusivo de la armada y el ejército”, entre otros.
Hasta ayer, Rigoberto aseguró que no ha comentado con su abogado la posibilidad de demandar indemnización, que ya debe darse por ley federal y estatal a quienes hayan sido procesados por un delito y hayan comprobado su inocencia; el abogado señaló que, a reserva de estudiarlo, procedería esa demanda tanto a nivel estado como federación, pues fueron autoridades locales y federales las que participaron en su detención, arraigo y condena.
