- Rechazan, en cambio, escudriñar presunto fraude de GAE
El pleno del Congreso del estado aprobó ayer, en pleno proceso electoral, reformas a las leyes de ingresos de los municipios de Jesús María y Aguascalientes que proponen la reducción de los montos o tasas de impuestos tanto para los comerciantes como para los ciudadanos e incluso a los partidos políticos, en el caso de la capital.
Como La Jornada Aguascalientes informó en ediciones anteriores, el ayuntamiento de Aguascalientes propuso bajar de 2.65 a 2 por ciento la tasa para la adquisición de bienes inmuebles. Mediante modificaciones en el dictamen y una reforma a la Ley de Hacienda del municipio capital, la comisión de vigilancia determinó procedente esa iniciativa, desapareciendo el valor de operación y regulando la tramitación del avalúo del inmueble a adquirir.
Asimismo, quedó establecido que se harán descuentos “de cinco veces el salario mínimo general vigente en el municipio de Aguascalientes elevado al año cuando el inmueble esté construido; de dos y medio veces el salario mínimo (…) cuando el inmueble no tenga construcción alguna o sólo se encuentre bardeado; de quince veces el salario mínimo (…) cuando se trate de un inmueble popular (…) o de interés social, cuya superficie sea igual o inferior a 120 metros cuadrados y la superficie de construcción en su caso no sea mayor de 60 metros cuadrados” y “de cinco veces el salario mínimo (…) cuando se trate de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria”, considerando que el usufructo y la nuda propiedad valen cada uno el 50 por ciento de la propiedad.
En este mismo dictamen se suprimió la obligación de los partidos de depositar una garantía previa a la exención del impuesto sobre diversiones, espectáculos públicos y juegos permitidos que realicen para allegarse de recursos.
A la administración municipal de Jesús María le autorizaron reducir de 21 a 15 pesos diarios el cobro del derecho de uso de piso o ubicación de puestos semifijos en la vía pública o tianguis, ordenándose en un transitorio que devuelva el excedente en los casos en que ya se haya cobrado ese derecho para el actual ejercicio fiscal.
Estos dos ayuntamientos son encabezados por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Gabriel Arellano en Aguascalientes y Gregorio Zamarripa en Jesús María. Ambos mandatarios han expresado su interés por buscar una candidatura en las elecciones de julio próximo, pero han mostrado indecisión por abandonar el cargo como ediles.
En la misma sesión ordinaria de ayer, la mayoría priísta rechazó el punto de acuerdo que César Amado Cervantes Mena presentara la semana pasada para crear una comisión especial encargada de analizar el expediente 1087/2002, que contiene un proceso en contra del alcalde Arellano Espinosa por presuntamente haber incumplido el pago que debía hacer a un ciudadano por la enajenación de predio.
El argumento para los votos en contra fue el legislativo no debía inmiscuirse en las tareas del Poder Judicial, subrayando que el asunto ya está en manos de un tribunal federal.
Los diputados aprobaron la creación del esquema de supervisión única en la obra pública que se desarrolle en la entidad, con lo que se busca implementar tarifas fijas para los desarrolladores y fraccionadores por la supervisión de sus obras, verificar que éstas se lleven a cabo con apego a la ley federal, estatal y municipal y, entre otras, dar mayor responsabilidad a los peritos de obra al dictaminar la autorización de promoción y venta de lotes.
Dicha supervisión podrán hacerla empresas certificadas y consistirá en verificar la compatibilidad de la obra con el proyecto presentado y la calidad de los materiales y el servicio.
En 180 días, el ejecutivo estatal y los ayuntamientos deberán emitir la reglamentación para asignar esta supervisión, ya que serán las secretarías de planeación las encargadas de hacerlo.
