- Hasta ahora, sólo pueden hacerlo sus funcionarios
La comisión de gobernación y puntos constitucionales tiene ya un dictamen que aprueba la reforma del artículo 27 Constitucional, por la cual sería posible que el gobernador del estado, y no sólo9 su gabinete, compareciera de manera personal ante el Poder Legislativo y que en próximas fechas será subido al pleno.
De acuerdo con el documento, cuya copia obra en poder de La Jornada Aguascalientes, la propuesta busca “establecer como una facultad del legislativo y la correlativa obligación del poder ejecutivo, de comparecer personalmente ante esta soberanía popular constituida en el Congreso del estado, cuando las dos terceras partes de sus miembros consideren necesario que el gobernador del estado aclare, explique, proporcione información y/o conteste las preguntas que los legisladores tengan a bien formularle sobre temas de interés público o bien, sobre el estado que guarden las dependencias y entidades a su cargo”.
Más adelante, señalan que también tendría la finalidad de que el legislativo tenga más elementos para ejercer la “fiscalización del gasto público, de ratificación de nombramientos (…) autorización de empréstitos (…) en beneficio de la sociedad”.
La iniciativa fue presentada ante el pleno del Congreso local el 4 de marzo de 2009, promovida por César Cervantes Mena a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la actual legislatura; es decir, precisamente por los diputados que componen las dos terceras partes de la legislatura.
Los promoventes ven que, más que contrapesos, la reforma constitucional generaría “una relación virtuosa que permite el ejercicio del poder en forma sistemática que da unidad y fortalece al país” y señala que “es la unidad de la federación lo que está el juego”.
Consideran que el legislativo “tiene el imperativo ético, político y legal de sentar las bases constitucionales” que propicien la relación deseada entre los tres poderes, de manera equilibrada, constructiva y respetuosa de las facultades y funciones de cada uno.
Argumentan que, si bien la Constitución federal establece la separación de poderes, “en la práctica política y jurídica de las facultades” que cada uno tiene se ha vuelto necesaria la colaboración, “más que una división tajante” y citan las facultades el ejecutivo y el judicial tienen de participar en la función legislativa, en lo cual observan “se presenta con mayor énfasis la práctica de actividades propias de un sistema parlamentario”.
Otro de los argumentos que esgrimen es que la aprobación de esta reforma daría mayor transparencia al ejercicio del poder, priorizaría un “diálogo institucional y la celebración de acuerdos” legítima y efectivamente.
El cuerpo del texto alude, como argumento final, a la controversia constitucional que el ejecutivo local presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que ésta desechó, cuando la junta de gobierno del Instituto de Vivienda del Estado (IVEA) fue citada a comparecer con respecto al Plan Estratégico Sur (PES), validando las facultades del Congreso para convocarlos.
