- Estaban contempladas para funcionar en “plataforma México”, costaron 500 mil
- Adquirió 95 PDA que ahora venderán por que no sirven para el trabajo para las que las compraron
En el año 2008, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) adquirió un lote de 95 PDA (Asistente Digital Personal, por sus siglas en inglés), mismas que no cumplieron con los requisitos que necesitaban para su aplicación, pero aún así, pagaron un monto por 464 mil pesos como gasto total, por esto, el Cabildo aprobó su venta directa con un estimado de recuperación por 266 mil pesos, con lo que este error administrativo costó al ayuntamiento casi 200 mil pesos.
La aprobación por unanimidad en el Cabildo corresponde a un punto propuesto por la comisión de hacienda, que presidia la regidora priísta, Patricia Valadez Bustamante; no tuvo el nombre de la empresa que fue contratada como asesora para la adquisición de este tipo de equipamiento pero subrayó que fue a través de la licitación número 35.
Los aparatos corresponden a una de las categorías más avanzadas en su tipo, esto porque estaban pensadas en utilizarse para la recopilación de información y que ésta fuera expuesta en la plataforma “México”, sistema federal que recopila datos de los sucesos policiacos y sus implicados. El aparato estaba programado para instalarse en las patrullas y que en cuanto el oficial tuviera la necesidad de alguna información, inmediatamente la consultara, por lo que era requerido que contara con la función “touch screen”, misma que no estaba incluida en esta compra, lo que provocó su desecho.
Cada una de las PDA tuvo un costo de 4 mil 800 pesos, pero de acuerdo a la venta directa y exclusiva al personal del municipio, costarán 2 mil 800 pesos. Reconoció que finalmente los 198 mil pesos perdidos en esta compra, son parte importante de los recursos públicos de la capital.
Las especificaciones técnicas son: “gps banda de frecuencia 850/900/1800/1900 mhz, Windows movile 5,0 0 superior (pocket pc) en idioma español procesador de 320 MHz mínimo, Microsoft, office Mobile (Word, Excel y power point) en idioma español internet Explorer Mobile Messenger Mobile y outlook Mobile, soporte correo imap y pop 3, conectividad wi-fi802.11b/g, bluetooth v.2.0, cable USB, memoria de 64 mb en rom o superior ranura de expansión hasta 2gb, cámara con autofocus, captura fotos y video batería hasta 4 horas en modo de uso y hasta 240 horas en modo de espera pantalla de 2.8 pulg touch screen y resolución de 240 x 320 pixeles, teclado qwerty, funda de uso rudo, receptor de gps opcional”.
Valadez Bustamante sostuvo que este es uno de los errores que tuvo la empresa asesora, además de que el personal de informática de la corporación de seguridad no tuvo la capacidad para notar la omisión en el pedido, por lo que la contraloría municipal ya comenzó un nuevo expediente en contra de quienes resulten responsables de este acto de omisión.
Como parte de estos cuidados, dijo estar enterado de que también el municipio de Aguascalientes ya contrató un perito especializado, principalmente por el caso del seguro del helicóptero municipal, mismo que dejó de volar cerca de dos semanas por falta de este trámite.
Sin embargo, el secretario del ayuntamiento, indicó que ya estaba contratado el servicios y que la aeronave cuenta con las condiciones tanto administrativas como físicas suficientes para su sobrevuelo en la capital.
En la misma sesión extraordinaria de Cabildo, el grupo de ediles votó a favor de la donación de una torreta, dos vehículos y una venta de un lote de mil setenta bienes inmuebles que a decir de la presidenta de la comisión de hacienda, estaban totalmente obsoletos.
Además, fue autorizado un convenio de apoyo para la colaboración para la colocación y fijación de propaganda electoral en lugares de uso común y determinación de la circunscripción del primer cuadro del municipio capital.
Finalmente, dieron marcha positiva respecto al cumplimiento de la sentencia definitiva dicta dentro del expediente 1628/2009, la cual resuelve dejar insubsistente el acuerdo de Cabildo relativo al cambio de uso de suelo en la comunidad Ojocaliente, siendo propiedad de la Unión Popular Revolucionaria (UPR).
