- Ni cuentas públicas, ni actas de las sesiones se encuentran actualizados
- Tienen un mes para actualizar y muestran información con más de dos años de atraso
Ninguna cuenta pública de 2010 ni ninguna sesión celebrada en comisiones durante el penúltimo período ordinario de la LX Legislatura pueden visualizarse en el portal de Internet del Congreso, incumpliendo con el artículo 11 de la Ley de Transparencia del estado, que le obliga a “publicar iniciativas de ley, dictámenes de iniciativas, diario de los debates, minutas de trabajo de las comisiones legislativas, órdenes del día de las sesiones públicas y resoluciones diversas tomadas por las comisiones legislativas, por el pleno o la diputación permanente” y con el noveno, que habla de la información pública de oficio.
Los lineamientos del capítulo dos de la ley de transparencia establecen que “la información que de oficio debe publicarse será la concerniente a la generada por lo menos el mes próximo anterior y en todos los casos se debe incluir la fecha de la actualización”; sin embargo, el legislativo local sólo muestra sus cuentas públicas hasta diciembre de 2009, de modo que no se puede consultar ninguna información de ese tipo correspondiente a 2010, pese a que está por culminar el primer trimestre del año y cuando menos la de enero debería estar ya disponible.
Lo mismo sucede con las actas de las sesiones celebradas por las comisiones, pues si bien son pocas las que cumplen con la norma de celebrar una sesión por mes, al acceder a “sesiones de comisiones” se muestra un catálogo de actas de entre las cuales la más reciente está fechada el 21 de octubre de 2009 y corresponde a una sesión de la comisión de vigilancia que, por lo general, no es pública.
Hay comisiones cuya última acta de sesión data de hace más de dos años, como son los casos de las comisiones de fomento cooperativo, reglamentos y prácticas parlamentarias, desarrollo agropecuario y asuntos migratorios, fechadas en febrero y marzo de 2008. Las de otras comisiones tienen entre uno y dos años, como es el caso de ciencia y tecnología (23 de marzo de 2009), asuntos electorales (26 de mayo de 2008) y derechos humanos (11 de abril de 2008).
A pesar de que el comité de gestoría y quejas y la comisión de vigilancia sesionan a puerta cerrada, se muestran algunas actas, cosa que no sucede con el comité de administración, que también se reúne en privado, pero que se encarga junto con el área administrativa del manejo de los recursos.
En lo referente a las sesiones ordinarias, muestra un record actualizado hasta el 13 de enero de este año, cuando el titular del Poder Judicial rindió sus informes de actividades; sin embargo, la última sesión efectuada fue el lunes15 de marzo, cuando se clausuró el primer período ordinario del último año de ejercicio. La última acta de sesión plenaria que hay, corresponde a las del 15 de noviembre de 2009, con la que se inició el recién concluido período ordinario.
De igual manera sucede con la opción de visualizar el “orden del día de la siguiente sesión”, pues muestra una sola orden con fecha 18 de junio de 2009; mientras que el “récord en comisión” debería incluir la lista de las sesiones sostenidas por cada comisión, con la fecha y las asistencias, conduce a una página que no existe.
El titular del Instituto de Transparencia del estado (ITEA), Octavio López Jiménez, aseguró que se mantiene un monitoreo aleatorio permanente de todos los sujetos obligados, así como de la información difundida sobre su cumplimiento de transparencia en los medios de comunicación y advirtió que omisiones como éstas, las señaladas en La Jornada Aguascalientes al cabildo de la capital o el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) – que sigue sin mostrar erogaciones a favor del SNTE- pueden derivar en una sanción.
Afirmó que durante la última evaluación, realizada a inicios de este año, todas las administraciones cumplieron, pero debe destacarse que dicha evaluación abarcó información publicada hasta diciembre de 2009.
El municipio de Pabellón de Arteaga fue el único que no lo hizo y, aunque por la carga de trabajo del Instituto se ha retrasado la resolución sobre su asunto, en una semana más se conocerá a cuanto ascenderá la sanción que le será impuesta, que según la gravedad del incumplimiento, podrá ir de 100 a 300 días de salario mínimo.
