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jueves, febrero 12, 2026

Muestra diputada del PRD inutilidad del Renaut: registró a nombre de políticos, comunicadores y narcotraficantes

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  •  Comentó que sólo Felipe Calderón y el titular de la PGR gozan de protección de datos personales
  •  Descartó haber cometido un delito al registrar falsamente, dice que no está tipificado el robo de identidad

Sólo el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, gozan de protección de sus datos personales, aseguró la diputada local perredista Nora Ruvalcaba Gámez, luego de haber adquirido chips de teléfono celular con números de las regiones del Distrito Federal y Aguascalientes, los dio de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut) con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de políticos, comunicadores y narcotraficantes, a manera de demostración de que dicho registro no servirá para frenar delitos como la extorsión, las amenazas o el secuestro.
 En rueda de prensa, Ruvalcaba Gámez presentó el prerregistro que hizo vía mensaje de diez números con lada local 449, a nombre de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato priísta a la presidencia de la República asesinado en 1994; Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo y actualmente preso por el delito de narcotráfico; así como de Adela Micha Zaga y Jacobo Zabludovsky Kravesky, ambos comunicadores en medios nacionales. Ninguno de ellos reside o tiene número telefónico en Aguascalientes.
 De la misma manera, adquirió 10 números celulares con lada 553, de la capital federal, registrándolos a nombre de funcionarios como Arturo Chávez Chávez, titular de la PGR y Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México; Vicente Fox Quesada y Carlos Salinas de Gortari, ex presidentes de la República; Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México en la diócesis católica; Andrés Manuel López Obrador, líder perredista ex jefe de gobierno del D.F.; Luis Armando Reynoso Femat, gobernador de Aguascalientes; Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca y de los narcotraficantes Javier Arellano Félix y Rafael Caro Quintero, ambos presos actualmente.
 La diputada explicó que al dar de alta los números, utilizando sólo un aparato telefónico, no encontró candado alguno que se lo impidiera ni un mecanismo de que permita verificar que los datos proporcionados corresponden al número registrado, salvo en los casos de Calderón Hinojosa y García Luna, operación para la que le fue solicitada una clave NIP.
Respecto a la aparición de Colosio Murrieta, denunció que el Registro Nacional de Población (Renapo) muestra “graves inconsistencias” pues “hay célebres muertos que gozan de cabal salud”.
La perredista descartó haber cometido un delito al registrar falsamente esos números justificando que el robo de identidad ni siquiera está tipificado como delito en la legislación mexicana; con base en este experimento, exhortó a sus homólogos federales y al senado de la República a trabajar en la reforma que permita penalizar esa actividad, que actualmente se lleva a cabo.
 En este sentido, llamó también a corregir las deficiencias evidenciadas en el Renapo y proteger de manera adecuada los datos personales de la ciudadanía, considerando haber probado que aunque la exposición de motivos de le ley cuya entrada en vigor se encuentra a la espera de que el senado apruebe la prórroga para el registro expone que la intención es detectar el número del que procedan llamadas que tengan por objetivo la comisión de delitos como la extorsión.
Al respecto, afirmó que “la prórroga fast track que la cámara de diputados otorgó a las empresas para ampliar el plazo del Renaut a 15 días de su vencimiento no respondió a los intereses de los usuarios, sino  a las ganancias estratosféricas de Carlos Slim, que sigue jactándose de que todo México es territorio del él, incluidas las zonas neutrales del Poder Legislativo con sus diputados TELCEL”.
 Cabe aclarar que el registro realizado por la diputada es previo a otro que deberá hacerse de manera presencial y con documentos que comprueben la veracidad de los datos registrados vía electrónica; aún así, mientras se pasa a esa etapa del registro, la justificación de la creación del registro no se cumple.

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