Es poco viable que se cree otro organismo público autónomo que se encargue de los trabajos y análisis para la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial, como él mismo había propuesto mediante iniciativa, informó ayer el presidente de la comisión de justicia, Enrique Rangel Jiménez, quien luego de reunirse con el titular del Poder Judicial en el estado, Arturo Muñiz Candelas y el magistrado de la sala penal, Fernando González de Luna, admitió que hacerlo sería duplicar un comité que ya existe.
Rangel Jiménez comentó, en consonancia con los comentarios que el Poder Judicial envió sobre su iniciativa, que “yo creo que nos vamos a ir por el decreto” del Ejecutivo mediante el cual se creó un comité estatal encargado de esas funciones, pero que a éste se le añadirán algunas de las propuestas que contenía la iniciativa, misma que ya estaba dictaminada en positivo, así como algunas aportaciones que Muñiz Candelas y González de Luna hicieron durante la reunión.
Desde septiembre del año pasado, cuando presentó la iniciativa ante la diputación permanente, el legislador priísta había sostenido como justificación para crear un comité integrado por funcionarios de los tres poderes, así como de los ayuntamientos y algunas dependencias relacionadas con la seguridad y la impartición de justicia, el objetivo de bajar recursos de la federación para la capacitación de los jueces, agentes del ministerio público y otros funcionarios especializados en el nuevo sistema.
Mientras tanto, y a pesar de la existencia del comité estatal, en los presupuestos para este año del Supremo Tribunal de Justicia local (STJ) y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), no se estableció ninguna partida etiquetada para iniciar los trabajos de implementación del sistema de justicia, que se pretende inicie con la transición a juicios orales y quede concluida en su totalidad en el año 2016.
