- El litigio inició en 2006 por bases federales que no fueron entregadas
- Acusan demandantes colusión entre el Instituto y Junta de Conciliación
Gabriel Moreno, Cecilia Terrones y Ofelia Carrillo tenían entre tres y seis años de trabajar en el hospital Tercer Milenio, cuando en 2006 comenzaron a pelear en ante tribunales con el Instituto de Salud de Aguascalientes su basificación, junto con otros trabajadores con quienes formaban un grupo casi de 100.
A punto de cumplir cuatro años en litigio, el médico y las dos enfermeras especialistas ganaron este año un laudo (sentencia laboral) que ordenó al Instituto basificarlos y darles prestaciones caídas tras ser dados de baja de manera irregular como trabajadores del sector salud; para cumplimentarlo, el departamento jurídico de ISEA les entregó un terreno sobre el que ya pesan tres embargos, que ha sido entregado en las mismas condiciones a más personas y, por si fuera poco, donde está construido un centro de salud en el municipio de Rincón de Romos.
Según relataron a La Jornada Aguascalientes, en junio de 2006 ellos y otros de sus compañeros que, por diversas razones hoy ya se han desistido de la lucha –“quedamos 30, calculan”- obtuvieron una audiencia con el gobernador, Luis Armando Reynoso, y el entonces titular de la entidad, Ventura Vilchis Huerta, acordándose que el siguiente paquete de plazas sería para ellos.
Sin embargo, al enviar la federación un primer paquete de aproximadamente 800 plazas en 2008, los tres quedaron relegados, lo mismo que sucedió en 2009, cuando –dicen- llegó un número similar.
Los ex trabajadores aseguran que por haber iniciado este litigio, fueron víctimas de acoso laboral, situación por la que muchos de sus compañeros cedieron a ser basificados pero perdiendo toda su antigüedad y sin ser indemnizados y gracias a la cual ellos tres fueron dados de baja a inicios de enero de 2010, sin ser hasta la fecha notificados
“Nos dimos cuenta de que desaparecimos de la nómina el 15 de enero; a partir del día último ya no pudimos checar… dejamos de trabajar el 30 de enero” y en el caso del médico, el dos de febrero, pues se encontraba de vacaciones cuando fue, por decirlo así, despedido. Al notarlo, acudieron al ISSSSPEA y, por sus medios, obtuvieron el documento de su baja, firmado por Gustavo Martínez Medina, subdirector de recursos humanos.
Gabriel Moreno asegura que incluso tiene permisos firmados y documentos que prueban que estaba laborando cuando, supuestamente, su baja ya había comenzado a surtir efectos. En todos los casos, señalan, el personal del ISEA “no sabe nada” o de plano les dice que “no se quieren meter en problemas”. Pese a que la baja ya es de alguna manera oficial, no han recibido liquidación.
Los tres ex empleados afirman que el actual titular del departamento jurídico, Eliud Guerrero, al tomar posesión, les dio su palabra de que resolvería el asunto, pero desde su punto de vista, más bien está coludido con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), pues tanto una como otra instancia dependen del ejecutivo estatal e incluso relatan que el día del embargo del terreno, Guerrero no acudió, pero al hablar por teléfono con el actuario, éste se dirigió hacia él como “patrón” y le pidió instrucciones. Para ellos, la intención del gobierno es “darnos largas” y heredar el asunto a la siguiente administración.
Las enfermeras aseguran conocer personal del hospital Tercer Milenio y del Neuropsiquiátrico que abiertamente les reconoció haber comprado la base, mientras que casos de otros hospitales del IEA, como el de Pabellón, los conocen de oídas.
Además, apuntan que al personal que fue reinstalado bajo las condiciones que el Instituto -y no la ley- es presionado y se le niegan necesidades como pases de salida, entre otros y que, a pesar de haber cambiado de dirección –Vilchis Hurta fue relevado por Gerardo Macías López-, sigue habiendo despidos bajo pretexto de que los afectados “no son de mi equipo”.
En ese sentido, critican las declaraciones hechas recientemente por el director del ISEA, Gerardo Macías, sobre que los empleados han sido separados de sus cargos por algún incumplimiento y que han sido liquidados por ley.
En fechas más recientes, concluyen, la JLCA citó a otra audiencia, misma que fue pospuesta hasta junio debido a la inasistencia de Eliud Guerrero, de quien sospechan hizo una negociación con “(la gente) de arriba” de la que constantemente refiere estar cumpliendo órdenes, para quedarse con el dinero de su liquidación, salarios y prestaciones caídas.
