- Mujeres estarán mejor informadas para que hagan uso adecuado de su libertad
- Están abiertos a la discusión, pero ven que la mujer no tiene derecho a decidir
Integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Aguascalientes dieron a conocer ayer que en breve presentarán dos iniciativas -que ya tienen listas- y con las cuales buscarán reforzar la protección a la vida desde la concepción: la iniciativa de ley de paternidad responsable, que reduciría a 30 días hábiles la duración del proceso, que actualmente puede ser hasta de cuatro años, y una reforma al artículo 7 de la legislación penal para hacer obligatoria la atención sicológica a quienes consientan un aborto.
Junto con estas, dijeron al final de la rueda de prensa donde hicieron el anuncio, promoverían modificaciones a las leyes de salud y educación del estado, referentes a la educación sexual y a la información que sobre el tema brindan las autoridades sanitarias, que aunque está previsto en una de las iniciativas de la perredista, los panistas consideraron que está “incompleta”.
“Ustedes saben que a raíz de las iniciativas que presentó la diputada Nora Ruvalcaba Gámez se ha creado una polémica sobre la despenalización del aborto”, señaló el coordinador de la bancada, Jesús Martínez González, al inicio del encuentro.
Siguió Patricia Lucio, a quien ayer mismo se le aprobó una solicitud de licencia para buscar la presidencia municipal de Pabellón de Arteaga, detallando que la primera iniciativa plantea crear una “Ley de Paternidad Responsable” compuesta por 16 artículos en los que se establecen procedimientos administrativos realizados ante el registro civil para decretar la presunción de paternidad, mediante la prueba de marcadores genéticos, cuando el padre no reconozca al niño de manera voluntaria.
En consecuencia de esto, crea la figura de paternidad administrativa y el reembolso de los gastos a favor de la madre. La madre también debe someterse a prueba genética y es castigada si se determina que el hijo no es del hombre a quien ella presume como padre.
Por otro lado, pretenden adicionar al artículo 7 de la Legislación Penal estatal para obligar a las instancias oficiales a brindar tratamiento sicológico a la persona que consienta un aborto, por el tiempo necesario que las propias autoridades consideren necesario.
Afirmaron, sin dar a conocer la fuente de donde obtuvieron las estadísticas, que “en Aguascalientes diariamente nacen entre seis y nueve niñas y niños cuyas madres son menores a los 18 años; nueve de cada diez son madres solteras”; que la entidad “ocupa el primer lugar de todo el país con mayor número de madres adolescentes y el octavo con mayor número de madres solteras” y que “los municipios que registran mayor número de madres adolescentes solteras son Pabellón de Arteaga y Asientos”.
En este sentido, reconocieron la necesidad de ampliar el contenido de educación sexual en los programas educativos, pero al mismo tiempo apelaron al tipo de vida familiar de quienes se ven estas situaciones.
Jaime Gallo comentó que el problema con ésta, más que la amplitud con que se brinda a los estudiantes, es el enfoque que se le da por parte de las instituciones educativas y que impide que las mujeres “hagan uso adecuado de la libertad” que la Constitución le consagra en materia de planificación familiar.
Gallo Camacho, Lucio Ochoa y la diputada Mónica Delgado hablaron también de la iniciativa de protección a la vida desde la concepción, reforma al artículo 2 constitucional propuesta en la entidad desde octubre de 2008, como parte de “un espectacular movimiento para blindar la vida en el resto de los estados”, en respuesta a la despenalización del aborto aprobada en 2007 en el Distrito Federal. Ese movimiento ha tenido éxito ya en 19 de las 32 entidades.
“Todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida desde el momento mismo de la concepción, por eso nadie puede ser privado de ella arbitrariamente”, enuncia el párrafo adicionado a la Constitución local y, aseguraron, no elimina los casos en que la legislación penal no castiga el aborto, sino que busca inhibir “conductas poco adecuadas” imponiéndoles penas.
Aunque se dijeron abiertos al debate de las propuestas de la perredista, los diputados argumentaron que “la mujer no tiene derecho a decidir sobre la vida del embrión”, sino que debe asumir la tarea “subsidiaria” del desarrollo y crianza del producto del embarazo.
