El diputado priísta Luis David Mendoza Esparza presentó ayer una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que pretende crear una nueva comisión ordinaria especializada en los asuntos de vivienda, la cual estaría funcionando antes de terminar la actual legislatura, a la que le restan nueve meses de labores.
En el documento que leyó ante el pleno, expone que si bien la comisión de planeación, desarrollo urbano y obra pública aborda ese tema, lo hace desde el punto de vista de la obra pública, pero hace falta “atraer inversión para construir vivienda, facilitar mecanismos legales y administrativos para facilitar que más mexicanos puedan adquirirla y analizar las condiciones que actualmente imperan en el campo, así como los problemas que obstaculizan que el estado pueda contribuir a entregar “viviendas” al mayor sector de la población”.
Mendoza Esparza argumentó también que no hay una comisión legislativa encargada de gestionar y apoyar a la ciudadanía a acceder a facilidades en la adquisición de vivienda por parte del Infonavit o el Fovissste, como tampoco para defenderlos de las irregularidades de las que son víctimas.
Así, propone reunir un grupo de cinco legisladores que procuren “fortalecer la comunidad familiar en el sector vivienda”, “fomentar el trabajo legislativo tendiente a mejorar el marco jurídico” de ese sector, regular “la producción y mejoramiento de la vivienda digna y decorosa”, analizar los programas implementados por los institutos de vivienda estatal y municipal, incrementar las posibilidades de acceso a este derecho, etc.
El mismo legislador propuso también la creación de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes del estado de Aguascalientes, que pretende vincular las actividades del sector industrial y el desarrollo económico, con el desarrollo sustentable en el estado.
Propone “promover un diseño integral de tecnología para reducir la intensidad de uso de materiales y energía durante la producción; impulsar la reutilización de insumos a través de procesos de reconversión tecnológica; promover el reciclaje; generar empresas o industrias competitivas y rentables y fomentar la cultura en la materia entre el sector empresarial y los consumidores”.
Involucra al Consejo de Ciencia y Tecnología del estado, todas las entidades y dependencias públicas del estado y municipios y de manera especial al Instituto del Medio Ambiente del Estado (IMAE), quien además de supervisar que las empresas cumplan con estos procedimientos, deberá generar una lista de aquellas “altamente contaminantes”.
Asimismo, obliga a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC) a elaborar un “directorio de productos y envases obligatorios para reciclar y prevé que el estado “establecerá un sistema de recomendaciones y estímulos fiscales, financieros y administrativos por una producción eficiente” a las empresas que cumplan con lo dispuesto en esta ley, así como la exención o reducción de impuestos para las empresas que hagan productos con desperdicios y materiales reciclados.
Por otra parte, Vicente Pérez Almanza subió una iniciativa que busca impedir la participación de empresas que en tres ocasiones o más hayan incumplido sus obligaciones con una obra, con sus proveedores o con sus trabajadores en licitaciones públicas para trabajos requeridos por los gobiernos.
En caso de aprobarse, las tres leyes entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial; en el caso de la iniciativa de ley, el ejecutivo tendría 120 días para expedir su reglamento.
