- Se menciona que hubo pagos indebidos por cursos impartidos
- La ASF realizó 16 observaciones, de las que derivaron siete recomendaciones
Un total de 22 millones 808 mil 600 pesos es lo que el gobierno del estado deberá justificar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la aplicación de los recursos del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) en 2008 a instituciones como el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA).
La ASF realizó 16 observaciones a estas entidades, de las que derivaron siete recomendaciones, tres pliegos de observaciones y nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de funcionarios que incurrieron en diversas irregularidades.
Se observó “la adquisición de un equipo de análisis de información electrónica que no presentó ninguna documentación comprobatoria de su adquisición” ni se constató su existencia de manera física, pese a que el monto que en ello se erogó fue de 7 millones 101 mil pesos. Se trata de equipo telefónico asignado a la Procuraduría General de Justicia (PGJE), que justificó que se encontraba en mantenimiento.
Se explica que en 2008 se adquirieron 48 camionetas y seis motocicletas por 10 millones 636 mil 500 pesos mediante adjudicación, al igual que tres vehículos Dodge Charger por 1 millón 109 mil 700 pesos y un Nissan 2009 por 409 mil 200 pero, por el monto debió hacerse licitación pública y no se dio la razón de no haberlo hecho así; “se comprobó que (éstos últimos) son unidades de lujo asignadas a mandos superiores operativos en activo”, lo que violó el Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública” y un manual de gobierno del estado.
Según el documento, “no se ministraron los recursos en tiempo y forma, lo que originó intereses por .9 miles de pesos” y hubo “recursos que se entregaron a los municipios sin que se cuente con la documentación comprobatoria que soporte el gasto de 12 millones 843 mil 100 pesos” en bienes adquiridos para el STJ por 2 millones; para el IESPA, por 633 mil pesos; para Calvillo, por 1 millón 861 mil 200 pesos; para Asientos, por un millón; para Pabellón de Arteaga, por 1 millón 298 mil 100; para El Llano, por un millón; para Cosío por 940 mil pesos; para Tepezalá por un millón; para San José de Gracia, por 916 mil 700 pesos; para Rincón de Romos, por un millón 300 mil pesos y para san Francisco de los Romo, por 1 millón 463 mil 800 pesos, ninguno de los cuales se encuentra inventariado por la Contraloría General del Estado.
También se habla de “pagos indebidos por cursos de especialización impartidos por 1 millón 875 mil pesos” por el IESPA, cuya validación de la Dirección General de la Academia Nacional de Seguridad Pública no se presentó. Dichos cursos fueron dirigidos a los rangos de “policía preventivo en activo”, por 567 mil pesos; “custodio penitenciario en activo”, por 403 mil pesos y “policía preventivo municipal en activo”, por 905 mil pesos.
Junto con esto, es gobierno del estado debe justificar “obra pagada y no ejecutada por 7 mil 500 y 981 mil 100 pesos, igual que la falta de entrega o el envío retrasado de informes financieros de aplicación del FOSEG y otros documentos, así como el no cumplimiento de las metas en equipamiento para la PGJE, la policía y el combate al narcomenudeo en el porcentaje previsto en 2008, todo lo cual “impacta negativamente considerablemente los mecanismos encaminados a fortalecer las acciones en materia de seguridad, prevención y combate oportuno del delito (…) y en el bienestar de la sociedad”.
Las justificaciones ofrecidas por Aguascalientes no se pueden visualizar en el portal de Internet de la AFS.
