El rezago en cuestiones de transparencia es de 300 años con respecto a Suecia, que fue el primer país en tener una ley en la materia; en pleno 2010, México y Aguascalientes tienen todavía algunas reticencias para eliminar, admitió el comisionado presidente del Instituto de Transparencia del estado de Aguascalientes (ITEA), Octavio López Rodríguez, en su participación en el programa “En Voz Alta, el análisis”, producido por esta casa editorial y el canal 30 de Ultravisión.
Entrevistado por Adán Baca y Manuel Appendini, López Rodríguez destacó que la ley vigente en la entidad, que fue la cuarta del país, tiene puntos buenos como es el caso de acceder al expediente médico propio, dar al Instituto la facultad de investigar el actuar de los 73 sujetos obligados, sancionar en caso de violar el derecho de acceso a la información pública que es ya una garantía individual de cuarta generación consagrada en la Constitución.
Por otro lado, reconoció, es una ley que de cierto modo aún protege a los partidos políticos y a los servidores públicos al establecer la calidad secreta de información como las declaraciones patrimoniales de los mismos, que tiene un rezago en cuanto a la protección de datos personales, que sanciona al titular de enlace y no al responsable del resguardo de la información que “finalmente sí tiene que haberlo” y que es necesario armonizar con el reformado artículo sexto constitucional, que prevé que los organismos públicos tengan la máxima publicidad posible, entendiendo el concepto como que “toda la información que entra (a un organismo público) es información pública”.
En este sentido, el titular del ITEA señaló que los comisionados estarían entregando al Ejecutivo y/o a los diputados una propuesta de ley de protección de datos personales en la segunda quincena de mayo que ya se encuentra en borrador y que sería adicional a las demás reformas que en alguna ocasión ya refiriera a La Jornada Aguascalientes como necesarias; entre ellas, la de elevar el Instituto a rango constitucional.
Añadió que en el senado de la República ya se encuentran firmadas algunas reformas a la ley federal que darán a los ciudadanos el poder de decidir sobre sus datos personales y a la vez permite a los diputados legislar sobre ese tema, además de incluir ya la regulación referente a particulares.
Fue cuestionado sobre algunos casos concretos en los que los sujetos obligados han puesto en evidencia su falta de voluntad política para con la rendición de cuentas, como el hecho de que Óscar Ponce reservará, un día después de serle solicitada, la información referente a uno de los pliegos petitorios del SNTE al IEA; las argucias utilizadas por la administración municipal para no entregar los gastos en gestión social de los regidores capitalinos o las de la estatal para ocultar el contenido de las bitácoras de vuelo del avión de gobierno, por mencionar algunos.
Mencionó que cada institución pública tiene la facultad de celebrar acuerdos de reserva, pero también que el ITEA está facultado para revisar que éstos cumplan con los lineamientos; sin embargo, para que tome cartas en el asunto el solicitante tiene que interponer un recurso de inconformidad o de revisión –que a su juicio ya cayó en desuso–, mediante el cual solicite su intervención. Asimismo, afirmó que en muchos de los casos, estos recursos se sobreseen porque la información es entregada antes de que el pleno los resuelva.
En este sentido se planteó la necesidad de promover el conocimiento del derecho de acceso a la información y se hizo la observación de una escasa labor política por parte de los comisionados. López Rodríguez consideró que en Aguascalientes el acercamiento al Instituto es fácil y que la entidad se encuentra en un proceso que ha permitido al mismo tiempo que “los ciudadanos nos enseñemos a preguntar”, evitando cada vez más que los sujetos obligados puedan recurrir a argucias para no rendir cuentas.
Y es que, señaló, un gobierno no puede decirse democrático si no cumple con la obligación de transparentar el uso y destino de los recursos públicos.
Renovación del ITEA en tiempos electorales
Durante la emisión se tocó de manera particular el tema de la renovación del Consejo de Transparencia. Su actual titular indicó que “la convocatoria puede salir en cualquier momento”, recayendo en el Congreso del estado la facultad de elegir o reelegir a quienes tienen el encargo de proteger el derecho de acceso a la información del que goza todo ciudadano.
López Jiménez consideró que parte de la independencia que quiere consolidar el Instituto está en la continuidad de quienes lo integran; sin embargo, aseguró que ni él ni sus compañeros están aferrados al cargo y por lo tanto no han usado el acercamiento con los legisladores o con alguno en particular para “cabildear” su permanencia.
Y es que, observó Manuel Appendini, el proceso de renovación del ITEA previsto para finales de septiembre tendría la ventaja de la coyuntura de la renovación del Legislativo y el Ejecutivo estatal, en noviembre y diciembre de este año, respectivamente.
Finalmente y con los pendientes antes señalados, Octavio López Jiménez respondió a la pregunta del perfil que deberán tener los comisionados que integren el siguiente Consejo, en caso de que no se reelija a los actuales, señalando que deberá reunir las características previstas en ley: especialidad en el tema, apartidismo, no ocupar cargo público, representación política ni formar parte de una secta, para ser “una verdadera representación ciudadana”.
