- Existe programa de lista de sucesión inmediata y de bajo costo
La falta de una lista de sucesión o un testamento a la hora que un campesino fallece, representan un serie de complicaciones para los familiares a fin de poder hacer el cambio de propietario en tierras agrarias, esta situación se presenta pese a que existe un trámite en la Procuraduría Agraria que es inmediato y tiene un costo no mayor a 30 pesos, señaló Alberto Orozco Moreno, delegado de dicha dependencia.
Detalló que en la Procuraduría Agraria una de las principales atenciones que se brindan son las que se relacionan con el cambio de propietario de tierras por muerte, ante la falta de un testamento o una lista de sucesión, trámite que realiza la dependencia por 28 pesos, mientras que un testamento con un notario puede costar mínimo 700.
“Seguimos recibiendo muchos asuntos de sucesión, a pesar de eso que la gente no deja su expresión testamentaria y eso dificulta todo y vienen las asesorías para los familiares, después de que fallece el propietario original”.
Destacó que otra de las ventajas de realizar la lista de sucesión además de ser muy económica, es un procedimiento muy sencillo e inmediato, tratándose de una acción administrativa del cambio de propietario ante el registro agrario, que se hace acreditando el fallecimiento del titular, para que se pueda abrir el testamento agrario, a fin de establecer quién está inscrito en la lista de sucesión.
Explicó que cuando este trámite no se hace, los familiares se ven inmiscuidos en la tramitación de un juicio agrario, para el cual también la Procuraduría Agraria facilita asesoría legal gratuita. Sin embargo, el costo puede llegar a ser alto y el tiempo de espera mucho, ya que se invierte dinero y tiempo en los viajes desde el lugar de procedencia a los tribunales y oficinas de la Procuraduría, copias, además tienen que llevar testigos.
Con la lista de sucesión inmediata y el juicio agrario, el puro trámite tarda unos tres meses y medio, pero después siguen otros procedimientos como la escritura de la sentencia y el pago de derechos de la expedición del nuevo certificado, haciendo un aproximado total de seis meses.
