- Gobierno y académicos aprobarán unánimemente reconocimientos de validez oficial
- Además plantean incorporar centros de desarrollo educativo a ley y extender servicio social
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ayer la iniciativa de reformas a la ley de Educación del estado que pretende, entre otras cosas, facultar a la Comisión Estatal de Educación Superior (CEES) para regular el reconocimiento oficial de validez en instituciones particulares de educación superior y que sus resoluciones adquieran “carácter vinculatorio” tanto para las escuelas privadas, como para el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).
Además, la propuesta presentada por el presidente de la comisión de educación en el Congreso del estado, Jorge Ortiz Gallegos, pretende que los Centros de Desarrollo Educativo sean incorporados a la legislación en la materia, ya que han venido a sustituir a las coordinaciones de zona y se requiere armonizar la legislación; asimismo, plantea que el servicio social ya sea obligatorio también para los estudiantes de bachillerato y que en él se involucren los docentes.
Ortiz Gallegos afirmó en el documento que la reforma busca satisfacer la demanda social de elevar la calidad de la educación superior que ofertan los particulares en el estado y “que se impulse el desarrollo de los centros, se establezcan las obligaciones, funciones y facultades” de quienes los operen pues, asegura, se ha visto una evolución favorable tras la reestructura del Instituto de Educación.
Mediante reformas a 18 artículos de la ley, queda establecida la obligatoriedad de que la comisión de educación superior regule la oferta y demanda en ese nivel, así como de que emita la normativa y los mecanismos en que se basará para hacerlo.
Para que una universidad privada sea reconocida oficialmente, los integrantes de este organismo deberán aprobar la autorización por unanimidad; es decir, la institución deberá contar con el visto bueno del ejecutivo, el secretario de educación, el de desarrollo económico y el de educación superior, así como de representantes de escuelas públicas y privadas y sistemas educativos en el estado, que darán un total de 11 votos.
Junto con el IEA, la Comisión de Educación Superior se encargará de supervisar –“mediante los mecanismos que considere pertinentes”- las universidades que hayan obtenido ese reconocimiento.
En lo referente a la prestación del servicio social, que hasta hoy sólo es requisito de egreso de los estudiantes universitarios, lo extiende al nivel de “profesional técnico o educación media de formación bivalente” y establece que aquellos bachilleres en etapa propedéutica los presten únicamente en áreas afines a su perfil.
Establece que en el nivel universitario, los alumnos presten este servicio en ramas acordes a su carrera y que su aprobación quede sujeta a la evaluación, en tanto que los profesores se involucrarán como asesores y supervisores.
