- Aprobarían diputados presentar sus declaraciones patrimoniales ante Legislativo
- Rendirían cuentas ante la Contraloría Interna o un Órgano Superior de Fiscalización
Los diputados locales avalarían la reforma a la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que pretender permitir a los diputados presentar su declaración patrimonial ante el propio Legislativo y no ante la Contraloría General del Estado, como hasta ahora se hace.
La propuesta, presentada por Roberto Padilla Márquez ante la diputación permanente el 25 de agosto del año pasado, tiene la intención de “crear una auténtica división y equilibrio de poderes”, según dijo su promovente. El documento justifica también que el hecho de hacer esta declaración ante una dependencia del Ejecutivo “somete a funcionarios de otros poderes a la dependencia con el poder formalmente administrativo”.
Padilla Márquez aseguró que, aunque todavía está pendiente de dictaminar, la iniciativa que prevé que “dada la composición plural de los congresos, los diputados deberemos ser celosos vigilantes de la Contraloría, con el Órgano Superior (de Fiscalización), del actuar en esta materia de los representantes populares”, goza en lo general “de la simpatía de todos y creemos que puede llegar a feliz término”.
Actualmente se encuentra en análisis en las comisiones de los servidores públicos y de reglamentos y prácticas parlamentarias, a las que fue turnada.
Tomando en cuenta lo que dice la exposición de motivos, aprobarla evitaría el caso hipotético de que “el estado sancionara o sometiera a procedimiento administrativo a funcionarios de primer nivel, del Legislativo o incluso a los representantes populares”, abriéndose con ello la posibilidad de injerir en sus actos y decisiones.
En resumen, se plantea separar a “los diputados, el auditor superior de fiscalización, el secretario general, los directores generales y los jefes de departamento, así como aquellos funcionarios que, mediante acuerdos generales, determine la Contraloría” del resto de los servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial ante la Contraloría General del Estado y facultar a la Contraloría interna del Poder Legislativo o al Órgano Superior de Fiscalización (OSF), “según deba ser”, para recibirlas, teniendo las mismas atribuciones para este caso que la dependencia estatal, adecuándose la reglamentación de los organismos internos de control para quedar en armonía.
El legislador priísta apuntó que también sería necesario reglamentar de manera diferente tanto a la Contraloría interna como al OSF “para instituir el capítulo de sanciones; ante los incumplimientos, ver a qué nos hacemos acreedores”.
Finalizó afirmando que ésta sería una de las primeras iniciativas a impulsar cuando dé inicio el último periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril, esperando quede aprobada antes del término de la presente legislatura.
