- También fueron sujetos de fiscalización los gastos del año 2008
- Gastó en “conceptos fuera del Profis”, recursos no ejercidos y compromisos no devengados
El organismo del Poder Legislativo local encargado de fiscalizar los recursos estatales también fue sujeto de revisión por parte de su homólogo federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de sus gastos durante el ejercicio fiscal 2008 y de esta revisión derivó sólo una observación, por un monto de 107 mil 100 pesos, de un total de 4 millones 612 mil 300 pesos que se fiscalizaron.
Aunque la ASF consideró que “el Órgano Superior de Fiscalización del estado de Aguascalientes cumplió con las disposiciones normativas a la administración, control, ejecución y destino de los recursos, respecto de las operaciones analizadas”, también detectó que 63 mil 400 pesos “se utilizaron en conceptos fuera del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis) y que no justificaron su vinculación directa con las actividades de fiscalización de los recursos federales transferidos”.
Junto con éstos, encontró 24 mil 800 pesos de recursos que no se ejercieron al cierre del ejercicio fiscal analizado “y que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación”, así como 16 mil 500 pesos “por compromisos no devengados al cierre del ejercicio fiscal 2008”, lo mismo que 2 mil 400 pesos de intereses.
Según el documento, el OSF destinó 80 mil 700 pesos a “conceptos que no cumplieron con el objeto del Profis y que no justificaron su vinculación con las actividades de fiscalización de las auditorías incluidas en su plan de trabajo”. Para solventar la observación, presentó recibos de reintegro a Finanzas estatales y la unidad correspondiente de Hacienda por 87 mil 300 pesos, el 17 de diciembre de 2009; por 19 mil 800, el 12 de enero de 2010, ambos cubriendo parte de la suma e intereses, mientras que aclaró y justificó la aplicación de otros 17 mil 300 pesos.
El Órgano Superior de Fiscalización erogó 16 mil 500 pesos del Profis por el pago del seguro de cuatro vehículos, pólizas que tenían una vigencia del 23 de diciembre de 2008 al 23 de diciembre de 2009. La ASF “concluyó que la erogación no correspondió a un compromiso devengado al término del ejercicio fiscal 2008, ya que la recepción del servicio es para el ejercicio fiscal posterior”.
La observación se consideró solventada toda vez que el OSF presentó el recibo de la SEFI donde constó que en el reintegro de 19 mil 800 pesos a la SHCP incluía la suma a devolver y los intereses, así como el oficio donde instruía a la encargada de verificar que los saldos que se reporten correspondan al ejercicio fiscal.
Se detectaron además otros cinco vehículos sin registrar en la cuenta de activos y patrimonio, al igual que cuatro computadoras portátiles, un escáner, dos impresoras y un software por 485 mil 400 pesos, lo que generó la correspondiente orden al Área Administrativa de la reclasificación de bienes; “por lo tanto, se consideró atendida la observación”.
El 15 de enero de 2009, se encontró un reintegro por un millón 342 mil 800 pesos a la Tesorería Federal, pero no incluyó 24 mil 800 pesos “que corresponden a dos cheques por concepto de honorarios que se cancelaron el 30 de diciembre de 2008”; posteriormente presentó los recibos del reintegro que incluía también 600 pesos de intereses.
Y el OSF omitió presentar documentación comprobatoria por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 346 mil 900 pesos al momento de la revisión; presentando posteriormente la documentación, no se emitió observación alguna.
La única observación sin solventar de esta cuenta fue que la Secretaría de Finanzas (SEFI) estatal no envió a la de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) los recibos de las notificaciones de recepción de los recursos del programa fiscalizado dentro del plazo de 10 días con que cuenta para hacerlo, de modo que el OSF no pudo presentarlos.
Ante ello, la ASF recomendó al gobierno del estado “instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se implementen los mecanismos de control mediante los cuales se garantice la presentación en tiempo y forma de los recibos de ministración de recursos” a la unidad correspondiente, otorgándole un término de 30 días hábiles a partir de la notificación para girar las órdenes necesarias para dar cumplimiento a la recomendación.
Entre los resultados de las revisiones destaca también que la Secretaría General de Gobierno (Seggob) no publicó en el Periódico Oficial del estado (POE) la distribución y calendarización de los recursos del Profis, lo que a su vez motivó un memorándum del OSF.
