- Es uno de los cinco dictámenes listos para subir al pleno
- También están listas las leyes de seguridad pública y protección ambiental
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) será próximamente la única autoridad facultada para imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas, además de que gozará de plena autonomía para emitir sus fallos y los legisladores se encargarán de impulsar las reformas o leyes que así lo permitan.
El dictamen aprobatorio mediante el cual se adiciona una fracción al artículo 27 de la Constitución local del estado donde se prevé todo lo anterior y que se encontraba en la congeladora legislativa desde 2006, ya cuenta con las firmas de la comisión de gobernación y puntos constitucionales y con ello está listo para subirse al pleno.
De ser aprobado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado (POE) y deberá también reformarse la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que quede en armonía; el TCA será el encargado de investigar las faltas administrativas de los funcionarios y dirimir las controversias entre la administración pública y los particulares, única facultad que hasta ahora tenía, en tanto que diversas autoridades, sobre todo las contralorías, eran las encargadas de sancionar.
Junto con él, hay otros cuatro que también cuentan con el aval de las comisiones y que se espera sean votados en la primera sesión ordinaria del último período de la legislatura:
En uno, se aprueba la nueva ley de seguridad pública, que conjunta las iniciativas del ejecutivo estatal, el ayuntamiento de Jesús María y la iniciativa de adiciones de un capítulo que regule el uso de la fuerza policial. En ella se crea el sistema estatal de seguridad pública, se rechaza la creación de la policía metropolitana y se aprueban los lineamientos para que los policías puedan recurrir a la utilización de la fuerza física y las armas en proporción de la gravedad de los delitos cometidos y la resistencia que oponga el detenido.
Otro incluye la reforma integral a la Ley de Protección Ambiental del estado, donde se establece el uso de contenedores para separar la basura en la vía pública y la creación de un comité estatal de biodiversidad encabezado por el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) o quien él nombre en su representación, que se encargará de investigar, clasificar y proteger a las especies vegetales y animales endémicas de la entidad, creando un catálogo de la biodiversidad del estado.
Está la reforma que prevé la inclusión del Plan Estatal de Desarrollo en la carta magna local y establece que la ciudadanía, a través de organizaciones civiles y otras instituciones, tenga participación en su elaboración y, finalmente, se aprobó la modificación a la Ley de Turismo de Aguascalientes para obligar a los visitantes procedentes de otros estados y países a mostrar una identificación oficial al registrarse en los hoteles del estado.
