- Sería de oficio o a petición de parte y con multa o cárcel como sanción
- Solicitan al PJ comentarios sobre sociedades de convivencia
La comisión de justicia aprobó ayer un dictamen de adición de un artículo 331 al Código Civil del estado que prevé facultar a los jueces de lo familiar para verificar que el padre, tutor o persona que tenga la patria potestad de los menores beneficiarios de pensión alimenticia destinen realmente ese recurso a la proporción de alimentos, vestido, vivienda y educación de los niños a su cargo.
El documento establece que podrá ser de oficio o cuando “el deudor alimentario alega mediante incidencia de reducción de los alimentos” que se indague el destino del monto mensual entregado para alimentos; así, justifica, se vigilará que tanto deudor como receptor de la pensión -se tiene por acreedores a los menores- estén cumpliendo con entregarla y destinarla a los fines conducentes, respectivamente.
Enrique Rangel Jiménez, presidente de la comisión de justicia, aseguró sin precisar la fuente, que en más del 50 por ciento de los divorcios o separaciones de matrimonios que tienen hijos sucede que las madres, quienes comúnmente administran la cantidad, destinan parte de ella a cubrir intereses personales y afirmó que, avalando esta iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), se garantizaría el derechos de los niños a recibir comida, techo, educación y sustento, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales.
Aquellas personas que no den a las pensiones alimenticias el uso debido, podrán ser multadas administrativamente o con prisión.
Piden comentarios al Poder Judicial sobre sociedades de convivencia y despenalización del aborto
En la misma sesión y a pesar de que la comisión de derechos humanos ya tiene proyectos de dictamen en sentido negativo, la comisión de justicia dio entrada a las iniciativas que buscan crear la figura jurídica de sociedades de convivencia y despenalizar el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación, presentadas por la diputada perredista Nora Ruvalcaba antes de aprobarse su licencia del cargo.
Los diputados solicitaron los comentarios del Poder Judicial del estado en estas propuestas de reforma a la Legislación Penal, a la Ley de Salud y al Código Civil del estado, aclarando el mismo Rangel Jiménez que “eso no significa que lo que diga el Poder Judicial es lo que se va a hacer”.
Junto con éstas, se dio entrada a la iniciativa de Ley de Paternidad Responsable y de reformas a la legislación penal que el PAN presentó para agilizar el reconocimiento de hijos a favor de las madres solteras y para que las instancias de salud pública brinden atención sicológica a las mujeres que se hayan sometido a un aborto voluntario.
Asimismo, aprobaron el dictamen que declaraba improcedente la propuesta de sancionar a las autoridades de los planteles educativos que negaran la entrada a clases de los alumnos que no pagaran cuotas voluntarias, no portaran el uniforme o libros de texto especiales.
