- La Cámara investigará y dará seguimiento de la situación que prevalece en la dependencia
- Pide resarcir el poder adquisitivo del personal técnico operativo de base, de confianza y eventual
El diputado priísta David Hernández Vallín propuso a la Cámara de Diputados crear una comisión especial de legisladores para que investigue, dé seguimiento e informe a ésta soberanía sobre la situación laboral y administrativa que prevalece en el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), sin menoscabo de las atribuciones que las leyes otorgan a cada una de las instancias involucradas.
Asimismo, en un punto de acuerdo pidió al presidente y a la Junta de Gobierno del INEGI iniciar de manera inmediata los ajustes presupuestales y administrativos conducentes para resarcir el poder adquisitivo del personal técnico operativo de base, de confianza y eventual que labora en dicho órgano autónomo.
El legislador se pronunció porque la Junta de Gobierno del INEGI contemple en los programas de largo, mediano y corto plazos, la estrategia, programa y presupuesto necesarios, para que el proceso de profesionalización del personal que participa en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica sea acompañado de remuneraciones y prestaciones que hagan efectivo el propósito de la profesionalización en su dimensión humana y en la calidad de la información de interés nacional que genere el Sistema.
Expuso que la estructura orgánica y el tabulador de sueldos que prevalecen en el aludido Instituto han crecido en forma desproporcionada en el número de puestos de trabajo de funcionarios de alto nivel y en sus remuneraciones, al contrario de lo que ha ocurrido entre el personal técnico operativo de base, confianza y eventual.
Lo anterior, prosiguió Hernández Vallín, hace evidente la elevada burocracia que hay en el organismo, mismo que cuenta con 35 direcciones generales adjuntas que resultan innecesarias, entre las que se encuentran diez direcciones regionales.
Señaló que hay plazas de este rango que llevan hasta un año vacantes, como es la Dirección General Adjunta de Operación Regional, situación que hace evidente que no son necesarias y que además entorpecen la operación normal de las áreas, ya que se bloquean recursos que podrían ser utilizados para otorgar mejoras salariales al personal técnico operativo de base, confianza y eventual.
El legislador priísta remarcó que mantener la alta burocracia en el INEGI contraviene los principios éticos, legales y profesionales en que se basa una sociedad equitativa, con un gobierno consciente del papel que cumplen sus servidores públicos en la tarea de suministrar la información que el país necesita para su desarrollo.
Manifestó que en lo que compete a los trabajadores del INEGI, el salario del personal técnico operativo de base, confianza y eventual, se ha deteriorado significativamente, sobre todo, a partir de que se le otorgó autonomía al Instituto.
