- Niega magistrado presidente gasto discrecional de fondo para la administración
- Atora PRI en el Congreso local reforma estructural al Poder Judicial por petición
Con 13 votos del PRI y el PVEM a favor, se aprobó bajar del orden del día de la sesión de ayer en el Congreso del estado el dictamen de la comisión de gobernación y puntos constitucionales que contiene la reforma estructural al Poder Judicial local, con el argumento de que éste pedía tomaran en cuenta sus observaciones y por la petición del presidente de la comisión de justicia Enrique Rangel (PRI) de que le fuera turnado para “profundizar en su análisis”, aún cuando el documento contiene iniciativas presentadas desde 2003 y cuando siete de las nueve iniciativas que conjunta las propuso la fracción tricolor.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), que dio nueve votos en contra, justificó que tanto en 2005 como en 2007 y en abril de 2010, se envió al Supremo Tribunal de Justicia del estado (STJ) la solicitud de esos comentarios y nunca fue respondida y acusó que el magistrado presidente, Juan Arturo Muñiz Candelas, convenció sólo al presidente de la comisión de gobierno, el priísta Fernando Palomino, para frenar el dictamen.
Trascendió que los juristas se aliaron con el PRI para continuar en posibilidad de ejercer a discrecionalidad algunos recursos, como un fondo de recursos provenientes de fianzas y otros cobros y bonos a jueces y magistrados.
Una de las modificaciones que las nueve iniciativas de reforma constitucional proponen es que el Consejo de la Judicatura Estatal (CJE) tenga nuevamente la facultad de administrar los recursos del Poder Judicial y que, para garantizar su autonomía presupuestal, se integre por un miembro más de éste y uno menos del Ejecutivo.
“A final de cuentas el objetivo es transparentar el recurso que está siendo utilizado porque no podemos estar permitiendo que haya bonos de feria, donde se les da un mes de bonos a los mismos jueces, cuando se dice que el presupuesto no alcanza ni para comprar computadoras”, declaró el panista Jaime Pérez Camacho.
Sobre la existencia del presunto fondo ejercido a discrecionalidad señaló que “lo que sí te puedo decir es que son de las fianzas que se depositan en diferentes casos que se llevan dentro del mismo Poder Judicial y que ya no se recuperan y es precisamente uno de los temas que se quieren transparentar (…): que haya conocimiento de cómo se maneja, cuál es la cantidad objetiva y específica de dinero que se maneja”.
La actitud de la fracción del Revolucionario Institucional extrañó a los panistas porque el dictamen, a decir del coordinador parlamentario Jesús Martínez González, fue construido en un 80 por ciento por propuestas presentadas por diputados del tricolor.
Martínez González afirmó también que “hay una relación muy tensa ahorita con el Poder Ejecutivo, concretamente con su secretario general, porque no hay un acercamiento más que con el PRI y, en el caso del Poder Judicial, estamos viendo que va por la misma tónica”.
Según Juan Manuel Flores Femat, integrante de la comisión dictaminadora y de la de gobierno, ésta recibió el martes la petición formal del Poder Judicial, que indicaba “había algunas inconformidades (…) y pues, a solicitud del presidente, Fernando Palomino, se retira mejor de la orden del día el punto”.
El dictamen introducía además los cinco principios rectores de los juicios orales y fusionaba los tribunales de lo Contencioso Administrativo y Electoral en una sola sala, aumentando la estructura del STJ de siete a diez magistrados.
Jaime Pérez Camacho advirtió que por tratarse de reformas constitucionales, su aprobación requiere 18 votos que, pese a ser mayoría, el grupo parlamentario del PRI no alcanza por sí solo, requiriendo al menos al menos los dos de Convergencia y PRD que se adhirieron al PRI, más el que les favoreció del PVEM al decidir retrasar la votación del dictamen.
Niega Muñiz Candelas gasto discrecional de Fondo para la Administración de Justicia
“Si es para ese efecto, yo creo que la transparencia está en el presupuesto que nosotros presentamos y que está incluso ahí, a la vista de todos, cómo se gasta, cómo se distribuye y de qué manera el Poder Judicial distribuye esos recursos de una manera austera y racional”, afirmó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia local (STJ), Arturo Muñiz Candelas, en reacción al debate que la reforma estructural a la estructura del Poder Judicial desató entre legisladores de los grupos mayoritarios.
Muñiz Candelas admitió la existencia de un “bono de productividad” –no de feria- que, según explicó, “una parte se da en el mes de abril” y la otra en el transcurso del año a todo el personal del Poder Judicial del estado, que se transparenta en el presupuesto de egresos que aparece en el portal de internet del Supremo Tribunal y se integra por “recursos que proporciona la propia Secretaría de Finanzas y otro que produce por la cuestión de los intereses que generan por depósitos que se hacen aquí en los juzgados”.
De acuerdo con los documentos de transparencia, se trata del “Fondo para la administración de justicia”, que se compone del presupuesto directo estatal y de los ingresos propios que por concepto de “multas y conmutaciones de pena, certificados de depósito y fianzas en propiedad y por rendimientos ganados” recibe el Poder Judicial.
En 2010 se presupuestaron en total para dicho fondo egresos por 8 millones 971 mil 500 pesos, pero en total, a marzo de este año entre ingresos y egresos se habían manejado más de 52 millones de pesos. La cuenta pública de abril aún no está disponible en el portal web del STJ para compararlo.
Aseguró que el objetivo de ser tomados en cuenta es ser partícipes de la reforma porque es “la vida institucional del Poder Judicial lo que está en juego”, como es el caso del incremento en el número de magistrados que lo integran y la fusión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) con el Tribunal Local Electoral (TLE) en una sola sala.
Con respecto a la omisión de enviar los comentarios que desde 2005, a decir de los diputados, se pidieron al STJ, señaló que en esas fechas él no estaba al frente del organismo y que, por otro lado, de entonces a la fecha ha habido cambios como la sentencia de la justicia federal para que el TLE sea permanente y el cambio en la estructura interna del TCA.
La reunión para escuchar las recomendaciones de los magistrados se programó para el próximo martes a las 9 horas en la sede del Congreso local.
