- Marca lineamientos para los operativos que se implementen para disiparlas
- La propuesta no elimina el uso de “chicharras” y las considera como armas no letales
Pretendiendo llenar vacíos legales y el carácter “enunciativo” del capítulo que la prevé en la nueva ley de seguridad pública, el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó formalmente su iniciativa de regulación del uso de la fuerza policíaca, que contiene un capítulo que contempla que sea la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) la que coordine la intervención de las corporaciones en manifestaciones pacíficas y violentas.
De acuerdo con el documento, la SSPE se encargará de planear los operativos para dispar los movimientos, con la consigna de proteger los derechos de terceros y “reaccionar adecuadamente en caso de que la manifestación se torne violenta”; es decir, que se llegue a amenazas o uso de armas por parte de los manifestantes.
Se define que estos operativos estén a cargo de un responsable, encargados de comunicación y negociaciones por parte de la policía estatal y la municipal y se ejecuten previo “análisis del historial y otros factores de riesgo para el desarrollo pacífico de la manifestación”, debiendo prever estrategias para aislar a quienes se comporten de manera violenta.
La propuesta contempla por otro lado la indemnización a los afectados por abuso de la fuerza a través de un contrato de seguro que deberán celebrar las corporaciones de seguridad y un reconocimiento y disculpa pública para estas personas, así como el cuidado médico y psicológico a quien sido directamente sometido por este medio, además de la correspondiente sanción al o los policías que haya incurrido en el ilícito y a sus superiores, que serán responsables.
Asimismo, deja en manos de las instituciones de seguridad pública la creación de mecanismos de control de las armas de fuego que utilizan sus elementos, así como la elaboración e implementación de manuales y acciones que eviten la incursión en actos de tortura, en tanto que prevé que, en conjunto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), impartan la capacitación necesaria a sus elementos en el uso de la fuerza.
De la misma manera que la iniciativa presentada por el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Gaytán, que fue aprobada en el dictamen de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en la sesión anterior, establece principios de legalidad, racionalidad, idoneidad, congruencia, oportunidad, proporcionalidad, necesidad y capacidad, que regirán el uso de la fuerza policial.
Igualmente, establece el uso gradual de la misma, a través de armas incapacitantes y letales, obligando a las corporaciones a contar con una base de datos que registre las huellas y características de las armas que entregue para el uso de sus elementos en cumplimiento de su labor y entre ellas, no elimina el uso de los dispositivos de descargas eléctricas.
Los policías, luego de algún operativo, deberán rendir un informe, al igual que sus superiores.
