- Consensua PRI modificaciones a dictamen de reforma estructural al Poder Judicial
- Insiste servicios parlamentarios en fusionar tribunales; comisión de justicia dice no
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acordó modificar el dictamen de reforma estructural al Poder Judicial local especialmente en dos de sus propuestas: que los consejeros de la judicatura cobren salario y fusionar los tribunales electoral y contencioso, aún cuando se presentó una lista de los estados en los que así funcionan esas instancias.
Antes de la sesión extraordinaria donde la comisión de justicia dio entrada al dictamen que se bajó del pleno para que esta comisión profundizara en su análisis a petición su presidente, Enrique Rangel Jiménez (PRI), éste aseguró que entre los 14 diputados que conforman la mayoría “de entrada, hay el consenso de que eso de que iban a cobrar los integrantes del Consejo de la Judicatura va para atrás, totalmente”.
Cuestionado respecto de quién incluyó esa cláusula en la propuesta de reforma Constitucional, declaró que “no sé quién salió con ese tema, pero lo más importante es que ya lo estamos echando para atrás”, protegiendo con ello a compañeros del grupo parlamentario a quienes de manera extraoficial se señala como impulsores de la idea.
Rangel Jiménez aseveró que retirando esta propuesta se evita un gasto anual de 10 millones de pesos en pago de burocracia que bien se podría utilizar para crear un nuevo juzgado.
De manera similar se argumentó a favor de la fusión del Tribunal Local Electoral (TLE) con el de lo Contencioso Administrativo (TCA), sobre la que el priísta apuntó que “eso, de entrada, diría que no va” porque se contrapone a la Constitución, que prevé se trate de tribunales especializados.
Sin embargo, servicios parlamentarios entregó a los integrantes de la comisión un listado donde aparecen tribunales administrativos fusionados con los electorales en los estados de Campeche, Chiapas, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala; aunado a ello, el coordinador parlamentario de Acción Nacional, Jesús Martínez González, que desde hace dos semanas se opuso a que la reforma se regresara a análisis, apuntó que la fusión de estos tribunales ahorraría al Poder Judicial alrededor de 10 millones de pesos, con lo que podría mantenerse un nuevo juzgado.
Con respecto a devolver al Consejo de la Judicatura Estatal la facultad de administración financiera, Rangel Jiménez consideró “que está bien, nada más sin que se den atropellos, sin que se den abusos tanto de un poder hacia el otro; yo creo en los consensos, en los acuerdos, van a salir cosas positivas”, aunque no descartó que pudieran hacerse algunas modificaciones, en virtud de las inconformidades y observaciones que vertió ya el presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Durante la sesión, Martínez González, votó en contra de darle entrada al dictamen y sugirió que no pudiera salir antes de concluir la LX Legislatura e insistió en su acusación de que e Arturo Muñiz Candelas sólo ha cabildeado sus puntos de vista sobre la iniciativa con el grupo parlamentario del PRI y el secretario general de gobierno, mas no con la fracción de Acción Nacional.
Explicó su postura al afirmar después en entrevista que “yo pedía que se sometiera ya a votación este dictamen: ya fue analizado, ya fue debatido de hecho con los comentarios de cuando estuvo aquí el Poder Judicial y aún así la comisión de gobernación así la dejó. Dijo: no la modificamos, así va; entonces, bueno, si ya está así…”
Finalmente, por tres votos a favor y dos en contra, se dio entrada al documento y se acordó llamar a representantes de barras y colegios de abogados para que aporten su opinión antes de rendirse un nuevo dictamen.
