- Esperan recibir documentos de la Contraloría
El Congreso del estado iniciará “en los próximos días” el proceso administrativo por tráfico de influencias en contra del exalcalde capitalino y candidato a gobernador panista, Martín Orozco Sandoval, anunció el presidente de la mesa directiva en turno, Alberto Solís Farías, en una rueda de prensa que se convocó en su nombre, pero a la que asistieron siete miembros más de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dos de los cuales intervinieron. En el encuentro se habló de “un procedimiento administrativo de responsabilidades” establecido en ley y cuya duración dependerá del avance en las indagatorias.
Solís Farías calificó de falaces las aseveraciones del panista y sus simpatizantes sobre que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) lo exoneró de los cargos y precisó que “la sentencia, efectivamente, determina que no es competente la Contraloría municipal, argumentando medularmente que el trato que se le debe dar a un presidente o expresidente municipal en materia de responsabilidades, corresponde al Congreso”, para inmediatamente definir la obligación del legislativo en ese sentido como la de emprender “un procedimiento genérico para todas las instancias; lo mismo da que lo haga la Contraloría a que lo haga el Congreso”.
Apuntó que el procedimiento “está establecido en la ley” y que, si bien “el Congreso lo puede iniciar desde este momento”, estará en espera de la que la instancia municipal le remita la documentación que posee, para lo cual desde el miércoles se puso en contacto telefónico con él como presidente del Congreso.
Fue el presidente de la comisión de justicia quien enunció las etapas que seguirá, indicando que la Contraloría o algún representante del municipio de Aguascalientes “habrá de presentar pruebas para poder sustentar e iniciar el juicio administrativo; lo que se turna es a oficialía de partes o a Secretaría General, ésta lo turna a la mesa directiva, la mesa directiva lo anuncia en asuntos en cartera y es la que turna a comisiones respectivas; en este caso, es la comisión de justicia”, la que deberá determinar la procedencia del juicio administrativo y luego subirlo al pleno, que tendrá que avalarlo por catorce votos.
Alberto Solís retomó la atención para apuntar que “la forma del procedimiento también se establece a través de la legislación, de la Ley Orgánica, de la Ley de Responsabilidades; nos habla de la intervención que puede ser de la comisión de justicia y también de nuestro órgano interno de control. Estas ya son situaciones que iremos desahogando en el transcurso del procedimiento, pero son cuestiones procedimentales que es lo de menos: el hecho es que el Congreso del estado determinará, en su momento, la aplicación de la sanción”.
Rangel Jiménez destacó como “lo más importante” que “el Partido Acción Nacional (PAN) sigue mintiendo” y afirmó que la comisión de justicia que encabeza abrirá el proceso a los medios de comunicación, llevando el asunto en sesiones públicas “para evitar que alguien se quiera hacer el mártir”.
Por su parte, el coordinador parlamentario tricolor, Fernando Palomino Topete, afirmó que en el Congreso se desconoce la expresión “banquillo de los acusados”, por lo que el Poder Legislativo actuará como el poder público que es “en cuanto la Contraloría municipal radique la documentación respectiva”.
Los priístas defendieron que el legislativo es la última instancia que analizará el caso, descartando que Orozco pueda recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ha sucedido en casos similares en otros estados, puesto que en cada entidad hay legislación distinta.
Defiende PAN prescripción del ilícito
El vicecoordinador de la bancada de Acción Nacional, Antonio Martín del Campo, calificó el evento priísta como “otro show mediático que no va a proceder” porque “hay un tiempo, que en este caso es de un año. Ese tiempo ya se pasó, primero. Y segundo: simple y sencillamente nosotros ya revisamos las cuentas públicas y no venía nada de esto”.
